Washington, 25 jun (EFE).- La mayoría conservadora de la Corte Suprema de EE.UU. sirvió este jueves dos contundentes victorias al Gobierno del presidente, Donald Trump, que le permiten aplicar sus duras políticas antimigración, previo a un fallo clave sobre el futuro de su decreto para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Ambas decisiones se mantuvieron dentro de las líneas políticas del Alto Tribunal, con votos a favor de los seis magistrados conservadores y disensos de las tres juezas liberales.
Miles en peligro de deportación
El Supremo autorizó a la Administración republicana a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para unos 350.000 haitianos y 6.100 sirios, ahora expuestos a la deportación, al tiempo que pone en peligro a los aproximadamente 1,3 millones de personas de 17 países que contaban con ese estatus al regreso de Trump al poder.
La opinión mayoritaria coincidió en que la ley que regula el TPS, creado en 1990 para ofrecer refugio temporal a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países, impide a los jueces revisar las decisiones del Gobierno sobre estas protecciones.
Ante reclamos de los demandantes haitianos por los numerosos comentarios despectivos de Trump, quien durante la campaña presidencial llegó a acusar – sin base – a estos inmigrantes de comer mascotas en un pueblo de Ohio, los jueces conservadores sostuvieron que «ninguna de las expresiones es abiertamente racial».
«Esta decisión pondrá en peligro a los haitianos beneficiarios del TPS que huyeron de su tierra natal en busca de aquello que generaciones de inmigrantes anhelaban al tomar la dolorosa decisión de dejar atrás todo lo que conocían: vivir seguros», afirmó el equipo legal de estos ciudadanos al darse a conocer dictamen.
Los abogados advirtieron que este fallo «resultará en la muerte violenta e innecesaria de miles de personas inocentes».
Revés para inmigrantes en busca de asilo
Además, la mayoría del tribunal permitió que la Administración pueda rechazar a solicitantes de asilo en la frontera con México, lo que avala la reactivación de una polémica política destinada a reducir el número de migrantes que las autoridades estadounidenses deben procesar para determinar si tienen derecho a solicitar refugio en el país norteño.
La cuestión en este caso es si los ciudadanos no estadounidenses deben cruzar completamente la frontera para obtener el derecho a solicitar el asilo o si pueden hacerlo simplemente presentándose ante cruces fronterizos.
Los magistrados se centraron en delimitar qué significa exactamente «llegar» al territorio estadounidense. La mayoría conservadora afirmó que los migrantes que se encuentran en México no «llegan» por el simple hecho de «intentar, sin éxito, entrar en este país».
«Las consecuencias de la decisión de hoy son predecibles: más personas morirán», escribió en su disenso la jueza liberal Sonia Sotomayor.
En juego las protecciones constitucionales
El Supremo se prepara para emitir más decisiones en los próximos días antes su usual receso estival, que podría comenzar a fines de junio o principios de julio. El próximo día de opiniones será el lunes 29 de junio.
Entre ellos resalta un fallo clave que decidirá la constitucionalidad de una polémica orden con la que Trump quiere negar la ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrada en la Enmienda 14 de la Carta Magna estadounidense, a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.
Este es un tema de gran relevancia para el presidente, quien durante los argumentos del caso hizo historia al convertirse en el primer mandatario en ejercicio en asistir a una vista en el Supremo.
Entonces, el Alto Tribunal pareció escéptico ante la posición del Gobierno. El presidente de la corte, el conservador centrista John Roberts, indicó que aunque los tiempos hayan cambiado, la «Constitución sigue siendo la misma».
Activistas advierten que un dictamen a favor del Gobierno sentaría un precedente peligroso para la protección de derechos constitucionales.
