Uxía Pérez
Bangkok, 18 jun (EFE).- La guerra civil de Birmania (Myanmar), exacerbada desde el golpe de Estado de 2021, ha convertido a las mujeres del país en otra expresión del conflicto, con detenciones, torturas y asesinatos que se entrelazan con las agresiones sexuales que, según organismos internacionales, el Ejército emplea como arma de guerra y mecanismo de control.
Más de cinco años después de la asonada de febrero de 2021, encabezada por el general golpista y recién investido presidente Min Aung Hlaing, Birmania vive una nueva etapa de inestabilidad, agravada por el derrocamiento del Gobierno civil, el fin de la transición democrática y el recrudecimiento de la guerra de guerrillas que el país arrastra desde hace décadas.
Actualmente, cerca de 22.200 personas están detenidas en cárceles controladas por los militares y 8.094 han muerto a manos del Ejército; de ellas, 6.461 y 2.195 son mujeres, respectivamente, según los datos difundidos el martes por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos de Birmania (AAPP), en un balance que continúa creciendo cada semana.
Las mujeres de todas las etnias del país han desempeñado históricamente un papel activo en la resistencia contra las sucesivas dictaduras militares que Birmania ha encadenado desde su independencia, con una implicación que con frecuencia han pagado con represión, violencia y muerte, registra la AAPP.
«Las mujeres, las niñas y las personas LGTBI+ han liderado la resistencia contra la junta militar», que utiliza «la violación y la violencia sexual como arma de guerra», afirmó a EFE la portavoz de la organización Justice for Myanmar, Yadanar Maung.
Es un argumento que respalda la ONU, al asegurar que la violencia sexual es ejecutada «principalmente por las fuerzas armadas de Birmania», actualmente en el poder y que actúan con total impunidad ante «la ausencia de un sistema judicial funcional y el colapso del Estado de derecho», impidiendo «el acceso de las sobrevivientes a la justicia».
A ello se suma una pobreza constante y estructural, que, para Naciones Unidas, agrava los riesgos de trata de mujeres y niñas, con registros de esclavitud sexual y matrimonios forzados en todo el territorio.
Violencia por parte del Ejército
El Ejército birmano, que apenas controla la mitad del país, «utiliza deliberadamente la violencia contra las mujeres como medio para sembrar el miedo», señala a EFE el jefe de comunicación de la asociación de Periodistas Independientes de Myanmar, Hmue Eain Zaw.
«Tras violar y asesinar a mujeres durante operaciones militares, los soldados han dejado sus cuerpos completamente desnudos o les han mutilado los genitales con cuchillos», con patrones que, según el reportero, «no solo buscan dañar a las víctimas, sino también aterrorizar a comunidades enteras».
Esa misma violencia atraviesa el relato de Paulina, una refugiada birmana que denuncia desde un campo de refugiados al norte de Tailandia haber presenciado cómo «el Ejército y los grupos armados usan su poder para abusar sexualmente de las mujeres», que, argumenta, no pueden «ir a ningún lado sin correr el riesgo de ser violadas».
Asimismo, las diferentes organizaciones que trabajan sobre el terreno han registrado crímenes similares atribuidos a la resistencia, integrada por milicias prodemocráticas y guerrillas étnicas que operan principalmente en las zonas montañosas y fronterizas que escapan al control del Ejército.
La vulnerabilidad de las mujeres rohinyá
En el estado occidental de Arakan, hogar de la perseguida etnia rohinyá, la vulnerabilidad femenina es todavía mayor. Estas musulmanas, discriminadas por un régimen militar que defiende un supremacismo bamar y budista, están expuestas a una grave crisis humanitaria que se suma a la persecución contra la minoría, agravando aún más sus condiciones de vida.
La persecución contra su comunidad ha forzado el desplazamiento de más de 1,3 millones de personas hacia la vecina Bangladés, convirtiéndolos en la mayor población apátrida del mundo. Allí, según ACNUR, el 95 % de las familias refugiadas vive en situación de vulnerabilidad extrema, una realidad que golpea especialmente a mujeres y niños, que representan tres cuartas partes de la población del campo de Cox’s Bazar, el mayor asentamiento de refugiados del planeta.
La mayoría de las exiliadas «se enfrentan a la inseguridad jurídica, el acceso limitado a los servicios, la explotación económica y un mayor riesgo de trata» porque «su vulnerabilidad suele derivar de una situación muy precaria», sostiene el investigador de la organización internacional Crisis Group, Richard Horsey.
Aunque «la poca atención internacional no causa los abusos, sí que es vital para el monitoreo, la asistencia humanitaria, el apoyo a las supervivientes y los programas de subsistencia que puedan reducir su vulnerabilidad», argumenta.
En un conflicto que ha quedado eclipsado por otras crisis internacionales, organizaciones y activistas alertan de que la impunidad persistente en Birmania alimenta la repetición de estos abusos y aleja cada vez más a las supervivientes de cualquier expectativa de justicia.
