Washington, 7 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este miércoles los argumentos orales en un caso sobre la capacidad de los tribunales estatales para limitar el trazado partidista de mapas electorales y que podría tener repercusiones en el futuro de los comicios.
La causa “Harper contra Moore” en particular se refiere al mapa electoral que el Congreso estatal, en manos de los republicanos, de Carolina del Norte dibujó tras la publicación del nuevo censo en 2020, y que el Tribunal Supremo del estado consideró que favorecía tanto a los conservadores que iba en contra de las protecciones constitucionales al voto.
La Justicia estatal decidió ordenar el trazado de un nuevo mapa por un experto independiente, algo que, según el Congreso de Carolina del Norte, supone una usurpación de las funciones de los legisladores.
“Sería un acto de carácter legislativo que un tribunal hiciera esta determinación” de decidir qué diseño electoral es demasiado partidista, argumentó el abogado que representa al Congreso de Carolina del Norte, David Thompson.
Según su tesis, apoyada en una particular lectura de la Constitución que ha ganado adeptos recientemente entre los seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021), los legislativos estatales tienen una autoridad prácticamente absoluta en materia electoral, que ni la justicia estatal e incluso la Constitución del territorio no pueden constreñir.
Esta teoría, sin embargo, nunca ha sido aceptada por el Tribunal Supremo en anteriores casos similares, algo que el abogado Neal Katyal, en representación de los oponentes -entre los que se encuentran organizaciones de los derechos civiles, funcionarios demócratas y republicanos y abogados electorales- hizo gran hincapié durante sus argumentos.
Los argumentos de Thompson se toparon con la oposición clara de las tres juezas progresistas del Supremo -Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson-, y también tuvo que hacer frente a preguntas difíciles por parte del presidente del tribunal, el conservador John Roberts, y de dos jueces nominados por Donald Trump, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
“Es la Constitución estatal la que le da su poder al Congreso”, declaró Jackson, argumentando que no tendría sentido que este mismo parlamento pudiera tomar decisiones que invalidaran la Constitución estatal.
Al menos tres jueces conservadores -Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch- ya se mostraron en marzo pasado a favor de aceptar la tesis de los legisladores de Carolina del Norte, por lo que se prevé que la decisión final dependa de la posición que adopten Roberts, Kavanaugh y Barrett.
De estos, Kavanaugh se mostró inclinado a aceptar la tesis de que la Constitución estadounidense limita el poder de la Justicia estatal para intervenir en los procesos electorales, pero dio a entender que los legisladores de Carolina del Norte estaban llevando demasiado lejos su argumento.
Este es el asunto clave, ya que aceptar completamente la tesis del Congreso republicano establecería un precedente que, según muchos analistas, podría permitir manipulaciones del resultado electoral como la que Trump y sus aliados trataron de promover tras las elecciones presidenciales de 2020.
Entonces, cuando Trump intentó sembrar dudas sobre el proceso electoral para tratar de detener la investidura de su oponente, Joe Biden, su abogado John Eastman utilizó un argumento parecido al de los legisladores de Carolina del Norte para justificar la posibilidad de que los estados se negaran a certificar la victoria, bajo el falso pretexto de que la votación fue fraudulenta.