Quito, 16 jun (EFE).- Una parte del «sentimiento de inseguridad de los ciudadanos está relacionada con la falta de proximidad entre las personas», según sostiene el urbanista francocolombiano Carlos Moreno, creador del concepto de la ‘Ciudad de los 15 Minutos’, quien aboga por fortalecer los vínculos entre vecinos puede para mejorar la confianza colectiva.
En una entrevista con EFE en Quito, cuya administración municipal busca aplicar este modelo de ‘Ciudad de 15 Minutos’ en colaboración con la universidad francesa La Sorbona, Moreno reseñó que hay que «distinguir entre la inseguridad real y la inseguridad percibida», porque no siempre evolucionan de la misma manera.
El urbanista y exguerrillero explica, que según ha observado en París, donde él reside, así como en otras ciudades francesas, parte del sentimiento de inseguridad está vinculado a la falta de proximidad.
«Cuando la gente no se conoce, los vecinos no tienen relación entre sí, los espacios públicos están vacíos, los niños no juegan juntos, las familias no interactúan y cada persona vive encerrada en su propia burbuja, se crean narrativas de miedo que terminan debilitando la cohesión social».
Respecto a estas «narrativas», el experto señaló que «alimentan la desconfianza entre los ciudadanos y refuerzan la percepción de inseguridad».
«La proximidad también es una política de cohesión social. No porque elimine automáticamente el delito, sino porque reconstruye vínculos humanos que ayudan a fortalecer la confianza colectiva», defendió Moreno.
Además, dijo, esta «debe ser reconocida como un derecho e incorporarse al nuevo contrato social, al igual que el derecho al agua, a la electricidad y a la alfabetización».
Por ello, el objetivo de tener una ‘Ciudad de 15 Minutos’, basada en esta proximidad, es permitir que sus ciudadanos tengan a un cuarto de hora de distancia de sus domicilios el trabajo y servicios como salud, educación y cultura, además de espacios públicos.
Así se obtiene una ciudad más «policéntrica, compacta y sostenible», con una mayor «mezcla de usos» y de grupos sociales, capaz de generar empleo y recursos locales, reducir las emisiones de dióxido de carbono y fortalecer los vínculos comunitarios.
El riesgo de expulsar residentes
«Nosotros queremos aumentar la calidad de vida, ofrecer más servicios, favorecer la economía local… pero nuestro enemigo es la gentrificación», confesó Moreno. La construcción de nuevos servicios puede aumentar el precio del suelo y, en consecuencia, expulsar a la población residente con menos recursos.
«Por eso la tipología de vivienda es un elemento fundamental. América Latina experimentó un crecimiento urbano muy rápido» de manera que quienes provenían de entorno rurales terminaron instalándose en «asentamientos informales», apuntó el urbanista.
Hoy, precisó Moreno, «el derecho a la vivienda debe convertirse en el derecho a vivir plenamente la ciudad», y por ello, «la vivienda social debe estar distribuida en toda la urbe», sin que esto sea «sinónimo de pobreza».
Menos distancias, mejor calidad de vida
En el caso de Quito, los tres principales desafíos, aunque todavía no se han formulado las hipótesis definitivas, son por un lado, su propia forma urbana, porque es una ciudad alargada por su topografía y marcada por una segregación espacial entre los barrios del sur y del norte.
Por otro lado, los largos desplazamientos diarios, especialmente entre la vivienda y el trabajo, que afecta más a las mujeres; y por último, el acceso desigual a servicios públicos dignos como la educación o la sanidad.
Además, Moreno adelantó que trabaja junto con ONU-Hábitat y la Universidad de La Sorbona en el diseño de una metodología para analizar la inseguridad percibida en las ciudades, y anticipó que propondrá a Quito como una de las ciudades piloto para aplicar ese marco de análisis.
Andrea Farnós
