San Salvador, 5 jun (EFE).- Al menos 500 salvadoreños de diferentes zonas del país expresaron este viernes su rechazo a la exploración y explotación de minería metálica, permitida por ley desde el 2024 por iniciativa del presidente Nayib Bukele, y pidieron con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se derogue la normativa.
Los salvadoreños -miembros de diferentes iglesias, organizaciones civiles y ambientalistas y habitantes de zonas rurales- llevaron a cabo una camita ecológica que partió desde el parque Cuscatlán en San Salvador y se movilizó hasta la histórica Plaza Libertad, en el corazón de la capital.
Durante el recorrido, los participantes lanzaron mensajes en contra de la explotación minera, lo cual, según estimaciones de organizaciones ambientalistas, afectaría a unas cuatro millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integran los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión.
«Exhortamos a quienes toman decisiones en nuestro país a derogar la Ley de Minería Metálica, debido a los grandes riesgos que representa para las comunidades, las fuentes de agua y los ecosistemas», dijo en declaraciones a EFE el religioso Edison Zamora.
El activista Alfredo Leiva considera también que es «urgente» derogar la ley de minería y que se tomen acciones para no permitir esta actividad en el país.
Señaló a EFE que «si queremos preservar la vida en este país, es necesario tomar acciones y una de esas acciones es derogar la ley de minería» y apuntó que «la minería no trae ningún beneficio para el país, y si lo hubiera no sería para el pueblo».
«No compensa el beneficio económico al daño ambiental y a la vida que esos proyectos mineros causarían», añadió.
De acuerdo con los resultados de una encuesta elaborada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA), un 67,3 % de la población considera que la minería beneficia poco o nada a la población salvadoreña.
Preocupación por amenazas
Los asistentes a la caminata ecológica también expresaron su preocupación por «las amenazas que enfrentan quienes defienden el agua, la tierra y la vida» en El Salvador.
«Observamos con inquietud la exclusión de comunidades en los espacios de participación, lo que profundiza las desigualdades y la pobreza estructural del país», apuntó Zamora.
En El Salvador, de acuerdo con diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales, han tenido que salir al exilio unos 130 defensores de derechos humanos y ambientalistas, abogados y periodistas por el acoso policial y judicial que enfrentan por ser voces críticas del Gobierno del presidente Bukele, la mayoría de las salidas se dieron después de la detención de activistas en 2025.
