Denver (CO), 7 dic (EFE).- Activistas y estudiantes se coordinaron para presentar una demanda contra el estado de Colorado por incumplimiento de las leyes de protección de la calidad del aire en perjuicio de los residentes de áreas con fuerte presencia hispana, indicó este miércoles la organización WildEarth Guardians.
La demanda, presentada en corte estatal el martes, incluye a WildEarth Guardians (con sede en Santa Fe, Nuevo México) y al Centro de Diversidad Biológica (en Tucson, Arizona) como codemandantes.
Además, la acción legal fue preparada por estudiantes de la Clínica de Leyes Ambientales de la Facultad de Leyes de la Universidad de Colorado.
“La Administración (del gobernador Jared) Polis le está dando a la industria del petróleo y el gas un pase libre para contaminar”, expresó Jeremy Nichols, director del Programa de Clima y Energía de WildEarth Guardians, al presentar la acción judicial.
“Por la salud de los habitantes y las comunidades de Colorado, este retraso (en hacer cumplir las leyes vigentes) debe detenerse y los contaminadores deben rendir cuentas”, agregó.
Esta demanda es la segunda presentada por WildEarth Guardians y, como la anterior, pide que el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado (CDPHE) haga cumplir leyes federales vigentes desde hace décadas y leyes estatales aprobadas durante los últimos tres años que imponen límites a los contaminantes emitidos por las petroleras.
Sin embargo, esta segunda demanda extiende ese pedido a todo el estado, en vez de concentrarse en dos condados (Adams, al norte de Denver, y Weld, en el norte del estado) donde cientos de pozos petroleros y de gas natural operan a corta distancia de vecindarios y escuelas.
Según los demandantes, las emisiones creadas por dos terminales de petróleo ubicadas en populosos barrios hispanos al norte de Denver y por ocho instalaciones de la empresa Occidental Petroleum (la mayor petrolera en Colorado) en zonas con alta presencia hispana en el condado de Weld representan “una miríada de riesgos de salud” para los residentes.
Entre esos riesgos se citan ataques de asma, empeoramiento de enfermedades pulmonares y daños a tejidos respiratorios, siendo los ancianos, los niños y los adultos que realizan actividades al aire libre los más susceptibles a padecer esas consecuencias.
El problema existe, dice el documento, porque pese a las leyes en vigor, la División de Control de la Contaminación del Aire de Colorado (dependiente del CDPHE) “no ha tomado medidas para mantener el aire limpio” como pudo haber hecho, por ejemplo, rechazando pedidos para perforar nuevos pozos petroleros o limitando las actividades en pozos ya existentes.
“Los permisos de operación que estos contaminadores supuestamente deberían tener pueden ser una herramienta crítica en nuestra lucha contra la contaminación del aire en Colorado”, sostuvo Robert Ukeiley, del Centro de Diversidad Biológica.
Hace solamente dos días, una corte local en el condado de Adams falló en favor del Centro de Diversidad Biológica al reconocer que CDPHE no cumple con la Ley de Prevención y Control de la Contaminación del Aire en Colorado.
A la vez, una ley de 2019 obligó a la petrolera Suncor a implementar una red de 10 estaciones de monitoreo del aire en la zona cercana a una refinería en el norte de Denver. La red ya opera y los datos compilados se publican en inglés y español “en tiempo casi real” en un sitio web.
La nueva demanda pide que “termine la etapa de recolección de datos” y que se inicie la etapa “de medidas de protección”.