Washington, 18 oct (EFE).- El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, pidió este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desestimar las demandas presentadas por dos cabecillas terroristas contra el Estado peruano por presunta violación de sus derechos.
Así lo reveló Otárola durante un discurso que ofreció ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, tras reunirse con la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en la capital estadounidense.
En concreto, el primer ministro se refirió a las demandas del fundador del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor Polay Campos, y del exlíder de Sendero Luminoso Florindo Flores Hala, conocido como Camarada Artemio.
Otárola reveló que pidió “el archivo sumario” de las peticiones de ambos porque son “asesinos sentenciados por terrorismo que buscan sorprender a la jurisdicción supranacional”.
“Los casos de probables beneficios a terroristas reabren heridas que aún no han terminado de sanar en nuestra sociedad”, advirtió el presidente del Consejo de Ministros peruano.
Recalcó además que “todos los criminales que cometieron reiteradas acciones terroristas vienen cumpliendo justas condenas tras ser los causantes de la historia más sangrienta del pasado reciente” de Perú, durante las décadas de los 80 y los 90.
El exlíder de MRTA y el de Sendero Luminoso presentaron demandas en la CIDH, un órgano autónomo de la OEA, porque consideran que se violaron sus derechos fundamentales durante sus detenciones y condenas, además de alegar injustas condiciones carcelarias.
Durante su intervención en la OEA, Otárola también expresó su deseo de que la Justicia peruana actué “de manera inmediata para eliminar la impunidad” en el caso del expresidente de Perú Pedro Castillo, encarcelado desde diciembre pasado.
El primer ministro afirmó que Castillo no solo está en prisión por “haber dado un golpe de Estado” sino también por “serias acusaciones de corrupción de su gabinete, de su entorno y de él mismo”.
Otárola aseguró que el Gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, está comprometido a “investigar los hechos que causaron lamentables muertes” durante las protestas de diciembre y enero pasado por el arresto de Castillo.
El primer ministro justificó que esos hechos ocurrieron “en un escenario de violencia generalizada” provocada por “grupos extremistas” ajenos a los manifestantes pacíficos.
Tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado, después de intentar dar un autogolpe de Estado, las movilizaciones de protesta contra Boluarte convocaron a miles de personas y hubo un total de 77 fallecidos registrados, de los cuales 49 murieron por enfrentamientos con las fuerzas del orden.
La CIDH condenó en su último informe publicado en mayo la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Ayacucho.