A partir del 1 de julio, varias leyes aprobadas por las autoridades de Carolina del Sur comenzaron a entrar en vigor, introduciendo cambios en áreas como la educación, la seguridad escolar, los impuestos y el acceso a servicios comunitarios.
Uno de los cambios más importantes afecta al sistema educativo. La nueva legislación establece que las calificaciones de los estudiantes en las escuelas públicas deberán reflejar únicamente el desempeño académico obtenido. La ley prohíbe que los distritos escolares obliguen a los maestros a asignar una nota mínima superior a la realmente alcanzada por el estudiante. Aquellos distritos que mantengan estas políticas podrían enfrentar reducciones en el financiamiento estatal.
Además, la normativa limita el uso de programas de recuperación de créditos y contenidos, al exigir que los estudiantes completen primero todas las tareas originales antes de repetir un curso. La Junta Estatal de Educación también deberá revisar y actualizar la política de calificaciones vigente en todo el estado.
SEGURIDAD
En materia de seguridad, otra ley exige que todas las escuelas públicas desarrollen un plan de respuesta ante emergencias cardíacas. Los planteles deberán contar con desfibriladores externos automáticos (DEA o AED, por sus siglas en inglés) disponibles en el campus y accesibles durante eventos deportivos, incluso en algunas sedes fuera de la escuela. La legislación también requiere capacitación para el personal y coordinación con los servicios de emergencia.
Otro cambio transfiere la supervisión del servicio telefónico 2-1-1, que conecta a los residentes con recursos como asistencia para vivienda, alimentos y servicios públicos, al Departamento de Asuntos del Consumidor de Carolina del Sur. Según las autoridades, la medida busca mejorar la coordinación, la recopilación de datos y el acceso de la población a programas de apoyo.
IMPUESTOS Y SERVICIOS COMUNITARIOS
Las nuevas disposiciones también incluyen modificaciones al sistema tributario estatal. Entre ellas, se excluyen de ciertos impuestos algunos pagos gubernamentales relacionados con los sistemas de emergencia 911 de nueva generación, se otorgan exenciones fiscales para determinados eventos organizados por cámaras de comercio sin fines de lucro y se amplían beneficios tributarios para ciertos equipos informáticos.
Finalmente, una nueva ley actualiza los requisitos de educación continua para los profesionales con licencia en servicios funerarios. A partir de ahora deberán completar cuatro horas de capacitación al año, incluida una hora obligatoria sobre ética. Al menos la mitad de esas horas deberá realizarse de forma presencial, aunque la legislación contempla excepciones para algunos profesionales con larga trayectoria y flexibilidades durante emergencias como desastres naturales o pandemias.
