Más de 150 líderes comunitarios, defensores de derechos civiles y representantes de organizaciones latinas de todo Estados Unidos se reunieron el miércoles 3 de junio en el Capitolio de Washington para exigir al Congreso que rechace una propuesta legislativa que destinaría 72 mil millones de dólares adicionales a la aplicación de leyes migratorias federales.
La movilización formó parte del Encuentro Nacional, la conferencia anual de políticas públicas organizada por la Hispanic Federation, que reunió a representantes de organizaciones dirigidas por y para la comunidad latina. Durante dos días, los participantes realizaron más de 100 reuniones con oficinas de legisladores federales para expresar su preocupación por las consecuencias que tendría la medida.
TEMOR
Los líderes denunciaron que el debate presupuestario ocurre en un momento en que muchas comunidades latinas enfrentan un aumento de operativos migratorios que, según afirman, han provocado la separación de familias, el cierre de negocios, la interrupción de servicios esenciales y un clima generalizado de temor en vecindarios de todo el país.
Además de solicitar el rechazo de la propuesta, los participantes presentaron una agenda enfocada en la reforma de las políticas de control migratorio, la protección de programas de salud pública y el acceso equitativo a la tecnología y la inteligencia artificial.
“Ya hemos visto cómo se utilizan estos recursos cuando se distribuyen sin la supervisión adecuada. Agentes federales sin controles suficientes son desplegados en nuestras comunidades, amenazando la seguridad pública y desviando recursos de programas que fortalecen a nuestras familias”, expresó Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation.
APOYO
La iniciativa también recibió el respaldo de miembros del Caucus Hispano del Congreso (CHC), quienes acompañaron a los líderes comunitarios durante varias de las reuniones en el Capitolio.
“El pueblo estadounidense necesita que su gobierno se concentre en reducir los costos de vida y ampliar las oportunidades económicas, no en alimentar una industria de detención y deportación que se beneficia del sufrimiento humano”, afirmó el congresista Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.
Por su parte, el representante federal Jesús “Chuy” García, de Illinois, criticó la propuesta presupuestaria al considerar que otorgaría recursos adicionales a agencias migratorias sin mecanismos suficientes de supervisión.
Entre las voces presentes estuvo la de Juliana Lozano, directora ejecutiva de la organización Despierta, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, quien compartió el impacto que las operaciones migratorias tienen sobre las familias.
“Como madre, nunca imaginé tener que explicarle a mi hijo de siete años por qué hombres armados y con el rostro cubierto rodeaban escuelas y vecindarios. El miedo generado por estas acciones no termina cuando concluye un operativo; permanece en las aulas, en los hogares y en la salud mental de los niños”, señaló.
Los participantes hicieron un llamado a los legisladores para retomar negociaciones bipartidistas que incluyan mayores medidas de transparencia, supervisión y rendición de cuentas en las acciones de las agencias federales de inmigración. Mientras continúa el debate en Washington, organizaciones latinas aseguran que seguirán movilizándose para defender los derechos y la seguridad de las comunidades inmigrantes en todo el país.
