París, 7 jul (EFE).- La condena de Marine Le Pen a un año de prisión firme que tendrá que cumplir con brazalete electrónico y que podría ser por un periodo inferior a esos doce meses en las condiciones que fije el juez de aplicación de penas, ha pasado a centrar la controversia sobre su candidatura al Elíseo.
El Tribunal de Apelación de París sentenció este martes a la líder de la extrema derecha francesa a una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos de 45 meses, pero como 30 están exentos de cumplimiento en realidad se quedan en 15 que ya ha cumplido desde la sentencia en primera instancia en marzo de 2025.
Eso le permite, desde el punto de vista técnico, presentarse a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de abril y el 2 de mayo del año próximo. Su condena se completa con una multa de 100.000 euros por malversación de fondos públicos.
Sin embargo, la cuestión del brazalete electrónico la confronta con lo que ella misma había dicho, que no estaba dispuesta a tener que hacer campaña en esas condiciones, sometida a las eventuales limitaciones que le pudiera imponer un juez de aplicación de penas.
Ese dispositivo se utiliza para cumplir una pena de privación de libertad a domicilio, controlada por un dispositivo electrónico, lo que obliga a estar en casa con unos horarios de salida limitados y con un perímetro también limitado de los lugares a los que se puede ir.
La cuestión, además, es que el periodo de un año firme en que debería llevarlo puede reducirse si ofrece garantías, a partir de una reforma legal de enero de 2023.
En cualquier caso, el Tribunal de Apelación de París la consideró culpable, al igual que los otros once encausados y a su partido, la Agrupación Nacional (RN) del delito de malversación de fondos públicos por haber dedicado dinero que el Parlamento Europeo les atribuyó para pagar a asistentes de sus eurodiputados para empleados que en realidad trabajaban para el partido.
La presidenta del tribunal insistió en que los asistentes parlamentarios contratados con ese dinero debían asistir únicamente a los eurodiputados del RN (y del partido que le precedió, el Frente Nacional) y su misión no podía entenderse fuera del mandato de esos europarlamentarios.
La jueza también señaló que la formación política puso en marcha «un modo de funcionamiento que se asemejaba a una organización» para paliar las carencias de fondos que sufría, en particular porque los bancos franceses no le querían prestar dinero.
«Los hechos son graves», subrayó la presidenta, entre otras cosas porque se prolongaron durante 11 años, y eso aunque el Parlamento Europeo le había llamado la atención de forma repetida, y porque el monto de la malversación se ha cifrado en más de 2,8 millones de euros.
También porque supusieron «una ruptura de la igualdad» respecto a otros partidos políticos que no infringían las reglas para financiarse.
Igualmente destacó en la gravedad de ese delito en personas que ejercen cargos públicos a los que se pide que den muestras de «probidad», y sobre todo para una responsable política como Le Pen, de la que se espera que cumpla las reglas.
