Asunción, 26 jun (EFE).- Graciela Benítez aún se angustia cuando recuerda la violenta detención de su padre Derlis Benítez, en 1972, a manos de las fuerzas represivas de la dictadura de Alfredo Stroessner, quien gobernó el Paraguay con puño de hierro entre 1954 y 1989.
«Pensé que era un secuestro», dijo a EFE la mujer tras participar en un conversatorio en el Museo de las Memorias de Asunción -un sitio que busca preservar en el tiempo los abusos del llamado ‘Stronato’-, en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, establecido por Naciones Unidas en 1997.
El hecho ocurrió en una calle de la ciudad de Encarnación, capital del sureño departamento de Itapúa, donde el padre de Graciela era intendente (alcalde) y miembro del tradicional Partido Colorado, que gobernaba junto a Stroessner.
El político cayó en desgracia después del asesinato de una persona que era allegada al dictador. Además, hacía parte de una facción del partido crítica con Stroessner, un extremo que lo transformó de inmediato en uno de los sospechosos del crimen.
Un día, y sin que supiera de qué se le acusaba, agentes lo subieron a la fuerza en una de las temidas patrulleras rojas de la Policía y desapareció durante año y medio. En una cárcel de Asunción, a más de 370 kilómetros de Encarnación, el hombre fue víctima de torturas de las que poco habló con su familia, aunque dejó escritas en un diario.
«Sentí muchas cosas», añadió Graciela con dolor sobre el suceso que trastocó para siempre la vida de su familia y que la convirtió en una víctima indirecta de tortura.
Torturado y desterrado
Tras dejar la prisión sin que se conocieran detalles de la investigación, Derlis fue desterrado de la ciudad de Encarnación, a la que no podía volver sin un salvoconducto firmado por el ministro de Interior de la época, y le fue negado regresar a la vida política.
Se instaló en Luque, una urbe cercana a la capital paraguaya, donde tuvo que reinventarse para subsistir.
«Cada vez que le veía subirse en un vehículo yo pensaba que iba preso de nuevo», apuntó Graciela con dolor en el rostro sobre aquella etapa.
Consultada sobre si todavía experimenta daño psicológico por la detención de su padre respondió con un parco sí, pese a que han pasado 54 años de aquel momento.
Y luego explicó: «Los 34 años de dictadura fueron de educación para dos o tres generaciones que crecimos en el silencio, teníamos que callarnos y aceptar, así crecimos y hoy, como adultos, seguimos siendo así. Tenemos que trabajar mucho para salir de ese cerco donde la dictadura nos introdujo desde niños».
Obligar al Estado
El presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, Óscar Ayala, indicó a EFE que la denuncia y el monitoreo regular de los sitios de encierro, como prisiones o albergues, son clave para «obligar al Estado» a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de respeto a los derechos humanos.
«Eso supone, finalmente, fortalecer las instituciones de derechos humanos y, fundamentalmente, transformar las prácticas del Estado. Esto, desde luego, no es una tarea muy sencilla, no es una tarea mecánica», apuntó.
En su informe ‘Ventanas Abiertas’, de febrero de 2023, la ONG Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Copdehupy) denunció que al menos 19.862 personas fueron detenidas en el marco de la represión del ‘Stronato’ entre 1954 y 1989. De este total, solo 90 personas apuntaron no haber sido torturadas durante el cautiverio.
El número de personas a las que se violaron los derechos de manera directa e indirecta durante el mandato de Stroessner, siempre de acuerdo al informe, se eleva a 128.076.
Una de ellas fue Derlis Benítez, quien murió sin encontrar reparación pese a que antes de ser torturado integró el aparato del Estado Stronista. Otra, aunque de manera indirecta, fue su hija Graciela.
