Miami, 19 abr (EFE).- Familiares de periodistas perseguidos o encarcelados en Nicaragua alzaron su voz este martes para denunciar que el régimen de Daniel Ortega, devenido en “dictadura”, “ha logrado barrer todos los derechos humanos” y demoler las estructuras de la sociedad civil por medio de la “represión, la cárcel y la muerte”.
Los contundentes testimonios de varios familiares se escucharon durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que comenzó hoy de forma virtual y analizará hasta el próximo jueves el panorama de la libertad de prensa en América Latina, donde se vive una “agudización de la violencia” contra periodistas y medios.
“En Nicaragua todos estamos presos y bajo los abusos de una dictadura” que “fabrica juicios ilegales sin fundamento” contra periodistas y ordena “confiscaciones ilegales” de medios, dijo Renata Holmann, hija de Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa y preso desde agosto de 2021 en el país centroamericano.
JUICIOS Y CONFISCACIONES ILEGALES DE MEDIOS
Renata se mostró visiblemente afectada al relatar los padecimientos de su padre, “aislado e incomunicado” en una celda “sellada” de 2×2 metros, tras ser condenado a nueve años de cárcel por supuesto lavado de dinero, y se refirió a la “confiscación inconstitucional y ocupación” por la Policía de las instalaciones del diario.
Se trata de un “acto cobarde de venganza de la dictadura de Ortega-Murillo” para “aplastar los derechos” en el país, afirmó Holmann, quien pidió “redoblar la presión nacional e internacional” e “investigar los asesinatos, torturas y detenciones ilegales” del régimen.
En este segmento testimonial se escucharon también las voces de Cristopher Mendoza Jirón, sobrino del periodista deportivo preso Miguel Mendoza; la periodista exiliada Lourdes Arróliga, de la Fundación Violeta Chamorro, y la costarricense-nicaragüense Lucía Pineda, jefa de prensa del canal 100 % Noticias.
Para Pineda, Nicaragua atraviesa una “situación de extrema gravedad” por la represión gubernamental, con un “ataque a los medios de comunicación brutal, inmisericorde” que solo deja al periodista el camino del “exilio, la cárcel o incluso la muerte”.
Pineda, arrestada y puesta en libertad en 2019, recordó que desde los disturbios de 2018, cuando buena parte del país se echó a las calles en protesta, “han pasado 4 años de represión, cárcel y muerte”.
Tachó al Gobierno de Ortega de “régimen del mal y cobarde” y aseguró que éste se ha convertido en el “más nefasto al reprimir en tiempos de paz a la población desarmada” y encarcelar a todos los aspirantes a las elecciones generales de 2021.
En ese contexto, Arróliga dijo que ese “monstruo que es la dictadura Ortega-Murillo (la pareja presidencial) ha acabado con la libertad de expresión, información, prensa y asociación en el país, pero no ha logrado extirpar el anhelo de fortalecer la construcción democrática” de Nicaragua.
PLAN DE ACCIÓN PARA RESTAURAR LA DEMOCRACIA
Por su parte, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, avanzó que esta organización, ante la “persecución sistemática del periodismo, la opresión y censura” en el país centroamericano ha elaborado un plan de acción para “restaurar la libertades de prensa y expresión” y el “restablecimiento de la democracia”.
El plan de acción, firmado por una treintena de organizaciones hemisféricas, recoge diez puntos que permiten a los nicaragüenses “vivir nuevamente en libertad, democracia y con las garantías de un estado de derecho”.
Entre los puntos destacan la solicitud a los organismos multilaterales del condicionamiento de créditos y ayuda no humanitaria al país hasta que el Gobierno no “libere a los presos políticos, devuelva las instalaciones” a los diarios La Prensa, Confidencial y 100 % Noticias.
Exige el documento la liberación de los presos políticos, incluidos los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, así como los miembros de la directiva de La Prensa: Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro.