Naciones Unidas, 29 jun (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes por unanimidad la renovación del régimen de sanciones sobre la República Democrática del Congo (RDC) hasta el 1 de julio de 2027, así como la extensión del mandato del Grupo de Expertos que asiste al Comité de Sanciones hasta el 1 de agosto de 2027, en una decisión adoptada con 15 votos a favor y sin oposición.
De esta manera, la resolución mantiene uno de los principales instrumentos del Consejo para abordar la violencia y la inestabilidad en el este del país, una región afectada desde hace años por la actividad de múltiples grupos armados y por una persistente crisis humanitaria, pese a los esfuerzos diplomáticos para estabilizar la zona.
Durante la sesión de hoy, el representante de Francia, Jérôme Bonnafont, país autor del texto aprobado, subrayó que la renovación responde a la necesidad de dotar al régimen de sanciones de mayor «estabilidad y previsibilidad», permitiendo «un seguimiento más eficaz de la situación sobre el terreno».
El texto reafirma que las sanciones, dirigidas a grupos armados y redes que alimentan el conflicto en ese país, constituye una herramienta «esencial» para combatir la violencia y la desestabilización en la RDC, y destaca la importancia de mantener un enfoque «dinámico» que permita «adaptar las medidas a la evolución de las amenazas», agregó el embajador galo.
También dijo que introduce «criterios actualizados de designación», que permitirán sancionar a grupos armados responsables de «obstrucciones graves y deliberadas» a la aplicación del mandato del Consejo.
El objetivo, afirmó, es «reforzar la capacidad de respuesta ante actores que dificulten las operaciones internacionales en el terreno».
La resolución pide eliminar los obstáculos a la misión de paz de la ONU en la RDC (MONUSCO) en las zonas bajo control del grupo rebelde M23, considerado un actor clave en la inestabilidad del este del país, así como de avanzar en la plena aplicación de los acuerdos de paz alcanzados en los últimos años.
La medida se adopta en un contexto de persistente deterioro de la situación en el este de la RDC, donde la ONU ha advertido recientemente de que la violencia, el desplazamiento de población civil y las violaciones de derechos humanos continúan afectando de forma grave a la población, en particular en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri.
