París, 8 jul (EFE).- La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, mostró este miércoles su esperanza de que el Partido Popular (PP), e incluso Vox, hagan lo mismo que los partidos de derechas y de extrema derecha en Francia al apoyar la constitucionalización del derecho al aborto.
«Me gustaría que la extrema derecha española y la derecha española copiaran de sus homólogos en Francia y también fueran valientes y aportaran un voto favorable a ese blindaje constitucional», señaló Redondo en París, donde estuvo hablando de esta cuestión con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet.
Preguntada sobre las recetas que había recibido en ese encuentro sobre el proceso para sacar adelante esa constitucionalización en marzo de 2024 en la que Francia fue pionera, la ministra destacó «el gran consenso» con el que se hizo la reforma, que incluyó la extrema derecha de Marine Le Pen, que votó a favor.
A la pregunta de si iba a buscar ese consenso con los partidos políticos y con el PP, respondió que quería pensar que es posible conseguirlo «trabajándolo sobre todo con la sociedad civil».
Puntualizó que sus «homólogas» en Francia le han dicho que «la potencia del movimiento feminista, de la sociedad civil, de las mujeres francesas, en definitiva, fue decisivo a la hora de transformar un voto negativo en positivo».
Por eso insistió en que «el movimiento feminista español también se va a mover a favor de este blindaje constitucional y confío en que la derecha, al menos la derecha hasta ahora razonable del PP, que ha sido una derecha de Estado, considere que esto, desde luego, es un avance».
Pero a continuación añadió que en realidad no cree que eso ocurra, porque lo que se ve, sobre todo en Madrid, es que «la extrema derecha y la derecha extrema en este asunto van de la mano» con «políticas absolutamente sectarias y natalistas como respuesta al aborto y al reconocimiento del aborto».
Redondo consideró que, de hecho, la nueva ley de la Comunidad de Madrid que otorga al concebido no nacido la condición de miembro de la unidad familiar ha sido una respuesta del gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso al revés judicial que recibió por su oposición a la creación del registro de objetores de conciencia al aborto.
Confirmó que están estudiando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley que genera un nuevo titular de derechos, el ‘nasciturus’, es decir, el feto.
A su parecer, ha sido «una respuesta» a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en marzo ordenó a la Comunidad de Madrid que pusiera en marcha el registro.
Criticó que el PP sea «muy incoherente» en su protección de la vida, porque «les debe preocupar mucho el ‘nasciturus’ y mucho el feto», pero al mismo tiempo se queja de las posibles bajas médicas por maternidad en casos de embarazo complejo.
Y sacó a colación la gestión de las residencias ancianos durante la covid por la Comunidad de Madrid, cuando, según su versión, Díaz Ayuso no tuvo en consideración la vida de las personas mayores.
Redondo recodó que las razones para constitucionalizar el derecho al aborto son, en primer lugar, que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que es «un derecho subjetivo, como una libertad de las mujeres sobre su propio cuerpo, conectada con la dignidad».
Y también que se busca blindar «la dimensión prestacional», es decir, que se ofrezca dentro de la cartera de servicios en la sanidad pública la posibilidad de abortar en todo el territorio español, algo «que no está garantizado en este momento», sobre todo por las condiciones que se dan en algunas comunidades autónomas gobernadas como el PP, y citó el caso de Galicia.
«Esa diferencia, desde luego, atenta contra un principio esencial de la Constitución», que es el de la igualdad de derechos en todo el territorio nacional», afirmó.
