El Seibo (República Dominicana), 17 jun (EFE).- La producción de azúcar de República Dominicana se recupera gradualmente tras una de las mayores contracciones de los últimos años, la ocurrida en la cosecha de 2022-2023 en la que cayó el 22 %, pero el repunte previsto de cerca del 12 % para la última temporada, contrasta con el persistente deterioro de las condiciones laborales de muchos trabajadores cañeros, en su mayoría haitianos.
Bajo un sol abrasador y entre interminables extensiones de caña de azúcar en la provincia El Seibo, en el este de la República Dominicana, Jean Ruben empuña con destreza un afilado machete. Cada movimiento parece ensayado durante años: corta las largas varas, las agrupa y las arroja unos metros más allá para formar montones que luego deberá cargar.
La rutina se repite una y otra vez, durante doce horas al día. «Nos pagan 1.000 pesos (unos 17 dólares) por cuatro toneladas cortadas y subidas (a un carretón). Si uno las pica y no las levanta, no tiene nada», cuenta a EFE este haitiano de 45 años, 27 de los cuales ha vivido en República Dominicana.
Tras cortar la caña, Jean Ruben debe apilarla y cargarla a un viejo carretón que más tarde será arrastrado por un tractor hasta el ingenio azucarero, donde se pesará la producción de la jornada.
La escena se reproduce diariamente en los cañaverales dominicanos.
Miles de braceros, en su mayoría haitianos, sostienen con su trabajo una industria que comienza a recuperarse tras una disminución de un 22 % registrada en la zafra de la temporada 2022-2023, cuando produjeron 487.332 toneladas métricas frente a las 625.391 del periodo 2021-2022, debido sobre todo a limitaciones en los procesos productivos y la sequía.
Pero esta industria totalizó 520.831 toneladas métricas en la última temporada 2024-2025, registrando un incremento de 5% respecto a las 494.810 toneladas en la 2023-2024; y para la actual zafra (2025-2026) proyecta una producción de 582.563 toneladas métricas de azúcar, un incremento del 11,8 % respecto a lo obtenido en la molienda anterior, de acuerdo con las estimaciones oficiales del Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR).
La otra cara de la recuperación
Mientras la industria azucarera muestra señales de recuperación, trabajadores y activistas denuncian que las condiciones laborales apenas han cambiado.
«Las condiciones de trabajo hoy día de los trabajadores cañeros son de pura esclavitud», afirma en declaraciones a EFE Miguel Ángel Gullón Pérez, sacerdote español que reside desde hace más de dos décadas en una comunidad cañera de El Seibo.
Según denuncia, los trabajadores que conoce carecen de seguro médico, prestaciones laborales, vacaciones y otros derechos básicos.
La jornada comienza a las seis de la mañana y concluye a las seis de la tarde, explica Jean Ruben mientras observa la inmensidad de los campos, donde las plantaciones parecen fundirse con el horizonte.
A pocos metros trabaja Michel, un haitiano de 20 años cuyo rostro aparenta más edad de la que indica su documento. El joven atribuye ese desgaste al rigor del trabajo y al calor sofocante que domina la región.
«Esto es un infierno. El calor es tan fuerte que uno no lo puede aguantar», dice mientras la temperatura ronda los 35 grados y apenas corre el viento.
Las dificultades laborales se combinan con la incertidumbre migratoria. Gullón Pérez sostiene que muchos trabajadores viven con el temor constante de ser detenidos durante los operativos de control migratorio.
«El síndrome de Estocolmo está muy presente en los bateyes y en los braceros», asegura el religioso. A su juicio, numerosos trabajadores perciben cierta protección dentro de las comunidades vinculadas a los ingenios porque allí, afirma, las redadas migratorias son menos frecuentes.
Jean Ruben comparte esa preocupación. «Nosotros estamos ahí escondidos, porque los de Migración están todo el día por aquí, andando por la carretera para llevarse a la gente. Estamos viviendo un momento difícil aquí en República Dominicana», relata.
Solo el año pasado, República Dominicana deportó a 379.553 ciudadanos haitianos en 2025, lo que representó un incremento del 37,4%, en medio de denuncias de violaciones a derechos humanos y redadas masivas.
Esta situación se produce después de que, a principios de octubre de 2024, el Gobierno anunció el objetivo de repatriar hasta 10.000 indocumentados por semana para reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas, una medida que afecta especialmente a los haitianos.
