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La controversia no abandona a las comisiones que juzgan a los presos de Guantánamo

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Base Naval de Guantánamo (Cuba), 9 nov (EFE).- Las comisiones militares que juzgan a los presos de Guantánamo no han conseguido superar la controversia que las acompaña desde su creación. Criticadas por falta de transparencia, son a su vez la única opción factible que esos reclusos tienen a su alcance.

“El sistema fue diseñado para ofrecer justicia de una manera transparente y justa confiando en la sabiduría y la experiencia de los jueces”, explica a EFE el portavoz de la oficina que las gestiona, Ronald Flesvig.

Los jueces militares, añade desde la Base Naval de Guantánamo, en Cuba, “son expertos altamente cualificados y con experiencia, con capacidad para llegar a un equilibro entre los hechos y la legislación”.

El caso contra el autoproclamado “cerebro” de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y tres supuestos cómplices – un cuarto acaba de ser apartado por incapacidad mental – acumula ya cuatro magistrados desde que en 2012 se les leyeron los cargos. Y el próximo año, cuando el actual se jubile, cinco.

En este tiempo ha habido 47 audiencias preliminares sin fecha prevista de juicio y esta semana tiene lugar la 48 en una de esas comisiones, aplazada dos días, hasta el miércoles, por un positivo de covid en uno de los equipos de abogados.

Interrupciones como esas debido a la pandemia y las complicaciones inherentes a su ubicación explican en parte el retraso, junto con las restricciones propias del alto perfil de los acusados.

Entre ellos, el saudí Mustafa Al Hawsawi, capturado en Pakistán en 2003 y al que se le reprocha haber apoyado a la organización Al Qaeda como “facilitador”, gestor financiero e integrante del comité de propaganda.

Está representado por el letrado de origen colombiano Walter Ruiz, que ha dedicado a este caso prácticamente la mitad de sus 30 años en la abogacía. Es un caso “muy político”, señala el abogado, y se celebra “en una de las prisiones más ocultas del mundo. Es difícil tener acceso tanto al cliente como a la prisión”.

Pero a estas alturas, en su opinión, ya es demasiado tarde para un cambio de sistema: “Esta es la mejor opción ahora. Ya llevamos casi 13 o 14 años de procedimiento, miles de páginas de mociones legales, y en este instante estamos quizá un poquito más cerca de llegar a juicio. No tendría sentido ahora que terminaran aquí para comenzar todo de nuevo en otro sitio”.

Un sistema que se remonta a 2006, cuando se promulgó la primera Ley de Comisiones Militares. El entonces mandatario estadounidense, el republicano George W. Bush (2001-2009), apuntó que permitiría a la CIA continuar su programa para interrogar a terroristas clave como Khalid Sheij Mohamed, la supuesta “mente” detrás del 11-S.

Entre sus opositores está el hombre que copresidió la investigación del Departamento de Justicia a ese ataque, David Kelley. “Teníamos un gran historial de gestión de casos de terrorismo antes del 11-S en el sistema de tribunales penales civiles de Estados Unidos”, cuenta a EFE decepcionado por la falta de resultados.

Bajo el mandato del demócrata Barack Obama (2009-2017) se ofrecieron mayores protecciones sobre esas comisiones, como la prohibición de las pruebas logradas mediante coacción, pero organizaciones como Amnistía Internacional están al frente de las críticas en su contra.

Entre ellas, alegando que carecen de independencia, que restringen gravemente el derecho de apelación, que el acusado puede ser excluido de parte de los procedimientos cuando se aborda información clasificada y que discriminan a los no estadounidenses, ya que solo enjuicia a extranjeros.

Extranjeros como el yemení Ramzi bin al-Shibh, apartado del caso del 11-S por el trastorno de estrés postraumático que sufre como consecuencia “de la tortura en manos de la CIA entre 2002 y 2006”, según relata a EFE su abogado, David Bruck.

Que su juicio todavía no se haya celebrado refleja, en su opinión, “que el sistema legal tradicional que se ha desarrollado a lo largo de los siglos hubiera sido algo mucho mejor a lo que recurrir, en lugar de inventar uno nuevo bajo una autoridad militar”.

“Otro problema con los juicios y jurados militares es que estos casos no tienen cabida en un tribunal de guerra porque no había una guerra previa al 11-S. De tener que ser juzgados, deberían serlo como crímenes, no como crímenes de guerra en una comisión militar”, añade.

Pero la magnitud de los ataques de 2001 en el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y Shanksville (Pensilvania), con casi 3.000 muertos, no debe, en su opinión, hacer que la sed de venganza prime sobre el derecho a la justicia.

“La idea de que alguien debe ser sometido a castigo y pena de muerte sin un juicio justo es algo que no puede aceptarse en una sociedad democrática. Y si alguna vez permitimos que el caso del 11-S u otro crimen parecido nos haga abandonar el estado de derecho habremos perdido realmente algo preciado”, advierte el letrado.

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