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Ciudad de Guatemala, 14 jul (EFE).- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó como «arbitraria» la detención preventiva en Guatemala del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, informaron este martes su defensa y ONG, que pidieron su inmediata liberación.
«El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas considera que las condiciones de su prisión preventiva son arbitrarias y que no tienen ninguna justificación individualizada, violando el principio de presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo», afirmó en su comparecencia Claudia López, representante de Abogados sin Fronteras Canadá.
La opinión del organismo de la ONU fue aprobada el pasado 27 de mayo, sin embargo, la abogada integrante del equipo de la defensa, Jovita Tzul, detalló que fueron notificados de la resolución hace apenas unos días, por lo que procedieron este lunes a entregar oficialmente una copia a la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de Guatemala, para incorporarla a una apelación de amparo que busca su excarcelación.
«La privación de libertad de Stuardo Ernesto Campo Aguilar es arbitraria, por cuanto contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», señala el dictamen de las Naciones Unidas facilitado a EFE por la defensa.
El documento añade que, bajo todas las circunstancias del caso, «el remedio adecuado sería poner al Sr. Campo Aguilar inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización».
En una conferencia de prensa en la que se expuso el alcance del dictamen internacional, representantes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y de Abogados sin Fronteras Canadá detallaron que hay una falta de base legal para mantenerlo en prisión, represalias por sus funciones públicas, fallos graves al debido proceso y discriminación debido a su rol fiscal.
Según expusieron los juristas, el dictamen de la ONU determina que la reclusión de Campo contraviene la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Campo, quien dirigió la Fiscalía contra la Corrupción entre 2016 y 2021 y posteriormente lideró la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, fue destituido por la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción e intentos de socavar la democracia.
El exfiscal fue detenido en mayo y diciembre de 2023, y aunque en julio de 2025 fue absuelto de uno de los casos, continúa en prisión preventiva por otros dos procesos bajo reserva judicial y constantes suspensiones de audiencias que han extendido su reclusión por más de dos años. EFE
