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Gobierno de Trump permitirá enviar solicitudes de asilo a tribunales sin entrevista previa

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Austin, 27 jul (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitirá enviar miles de solicitudes de asilo a los tribunales de inmigración sin que los solicitantes tengan derecho a una entrevista previa sobre sus casos.

En una nueva norma anunciada este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de los procesos migratorios, el Gobierno permitirá que los funcionarios que revisan las solicitudes de asilo puedan remitirlas a la corte de inmigración —e iniciar así un proceso de deportación— sin escuchar antes el testimonio de los solicitantes.

La directriz entrará en vigor de forma inmediata este martes, cuando se publique la versión final de la norma en el Registro Federal, según indicó el DHS en un comunicado.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph Edlow, presentó en un comunicado los cambios como un intento por acelerar la resolución de las solicitudes de asilo y eliminar los supuestos «usos indebidos» del sistema actual, establecido en 1980 para adaptar la legislación estadounidense a los compromisos internacionales en materia de protección de refugiados.

De acuerdo con el documento provisional de la norma, se espera que los cambios afecten a más de 440.000 casos de asilo.

La medida supone un paso más en la campaña del Gobierno de Trump para reformar el sistema de asilo, aumentar el número de solicitudes denegadas e incrementar las deportaciones.

Las cortes de inmigración en Estados Unidos son tribunales administrativos que dependen del Poder Ejecutivo, a través del Departamento de Justicia, y no del poder judicial ordinario.

En este sistema, el Gobierno de Trump ha sustituido a decenas de jueces de inmigración y ha nombrado a nuevos magistrados con perfiles más alineados con su agenda de deportaciones masivas, según organizaciones y abogados especializados.

Paralelamente, el Departamento de Justicia flexibilizó los criterios para designar jueces de inmigración temporales, de modo que ya no se exige que tengan experiencia previa en derecho migratorio. Esto abre la puerta a que abogados sin trayectoria en esta materia ocupen esos cargos.

Organizaciones especializadas también han documentado un aumento reciente en las tasas de denegación de asilo en las cortes de inmigración.

Según datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse, las cortes de inmigración rechazaron alrededor del 94 % de las solicitudes de asilo resueltas en junio.

De acuerdo con la organización WOLA, esta cifra contrasta con las tasas de denegación registradas durante el Gobierno de Joe Biden, cuando el porcentaje se situaba habitualmente por debajo del 60 %.

WOLA también señala que, bajo la presidencia de Trump, la tasa de rechazo superó el 70 % en marzo de 2025, el 80 % en enero de 2026 y el 90 % en marzo de 2026, lo que, según la organización, refleja un endurecimiento sostenido de las decisiones judiciales en materia de asilo durante la actual Administración.

Austin, 27 jul (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitirá enviar miles de solicitudes de asilo a los tribunales de inmigración sin que los solicitantes tengan derecho a una entrevista previa sobre sus casos.

En una nueva norma anunciada este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de los procesos migratorios, el Gobierno permitirá que los funcionarios que revisan las solicitudes de asilo puedan remitirlas a la corte de inmigración —e iniciar así un proceso de deportación— sin escuchar antes el testimonio de los solicitantes.

La directriz entrará en vigor de forma inmediata este martes, cuando se publique la versión final de la norma en el Registro Federal, según indicó el DHS en un comunicado.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph Edlow, presentó en un comunicado los cambios como un intento por acelerar la resolución de las solicitudes de asilo y eliminar los supuestos «usos indebidos» del sistema actual, establecido en 1980 para adaptar la legislación estadounidense a los compromisos internacionales en materia de protección de refugiados.

De acuerdo con el documento provisional de la norma, se espera que los cambios afecten a más de 440.000 casos de asilo.

La medida supone un paso más en la campaña del Gobierno de Trump para reformar el sistema de asilo, aumentar el número de solicitudes denegadas e incrementar las deportaciones.

Las cortes de inmigración en Estados Unidos son tribunales administrativos que dependen del Poder Ejecutivo, a través del Departamento de Justicia, y no del poder judicial ordinario.

En este sistema, el Gobierno de Trump ha sustituido a decenas de jueces de inmigración y ha nombrado a nuevos magistrados con perfiles más alineados con su agenda de deportaciones masivas, según organizaciones y abogados especializados.

Paralelamente, el Departamento de Justicia flexibilizó los criterios para designar jueces de inmigración temporales, de modo que ya no se exige que tengan experiencia previa en derecho migratorio. Esto abre la puerta a que abogados sin trayectoria en esta materia ocupen esos cargos.

Organizaciones especializadas también han documentado un aumento reciente en las tasas de denegación de asilo en las cortes de inmigración.

Según datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse, las cortes de inmigración rechazaron alrededor del 94 % de las solicitudes de asilo resueltas en junio.

De acuerdo con la organización WOLA, esta cifra contrasta con las tasas de denegación registradas durante el Gobierno de Joe Biden, cuando el porcentaje se situaba habitualmente por debajo del 60 %.

WOLA también señala que, bajo la presidencia de Trump, la tasa de rechazo superó el 70 % en marzo de 2025, el 80 % en enero de 2026 y el 90 % en marzo de 2026, lo que, según la organización, refleja un endurecimiento sostenido de las decisiones judiciales en materia de asilo durante la actual Administración.

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