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Florida podría forzar a registrarse blogueros que escriban sobre funcionarios

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Miami, 6 mar (EFE).- Un legislador republicano de Florida (EE.UU.) presentó un proyecto de ley titulado “Diseminación de información” que, de aprobarse por la Legislatura estatal, que comienza este martes, obligaría a los blogueros que escriben sobre funcionarios electos a registrarse en el estado.

El proyecto de ley, presentado la semana pasada por el senador Jason Brodeur, radicado en el condado de Seminole (centro de Florida), requiere que los blogueros presenten informes periódicos al estado, en caso de que perciban alguna remuneración por escribir sobre el gobernador, el republicano Ron DeSantis, su gabinete o funcionarios estatales.

Los blogueros, según el canal NBCNews, tendrían que revelar quién les paga y qué cantidad por sus publicaciones, además de informar dónde se encuentra el artículo o esa entrada en línea.

“Si un bloguero publica en un blog sobre un funcionario estatal electo y recibe, o va a recibir una compensación por esa publicación, el bloguero debe registrarse” en la oficina correspondiente dentro de los cinco días posteriores a la publicación, dice el proyecto de ley.

De no hacerlo así, se les podría imponer una multa de 25 dólares por cada día de retraso en el informe, hasta un máximo de 2.500 dólares por publicación, informó el canal WFLA de Tampa, afiliada a NBC.

Esta normativa no se aplicaría al contenido del “sitio web de un periódico u otra publicación similar”.

La propuesta ya comenzó a generar críticas de grupos que señalan que este proyecto de ley supone un ataque a la Primera Enmienda, por supuestamente violar la libertad de prensa.

“Es difícil imaginar una propuesta que sea más violatoria de la Primera Enmienda”, dijo Ron Kuby, abogado de derechos civiles y especialista de la Primera Enmienda: “A las personas que escriben no se les puede obligar a registrarse”, aseveró.

Pero Brodeur tuiteó este domingo en la redes sociales que su proyecto busca solo obtener transparencia, “saca a la luz el actual esquema de ‘pay-to-play’ (dinero a cambio de servicios) y les da claridad a los votantes sobre quién está influyendo en su funcionarios electos”.

“Es un problema electoral, no un problema de libertad de expresión”, replicó el legislador republicano a las críticas.

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