Miami (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Familiares de migrantes trasladados desde el clausurado centro migratorio ‘Alligator Alcatraz’ al Centro Federal de Detención (FDC) de Miami denunciaron este miércoles hacinamiento y condiciones «inhumanas», y exigieron a las autoridades locales inspecciones inmediatas.
Según familiares de los detenidos y organizaciones defensoras de los inmigrantes, reunidos al frente de esa dependencia, en el centro mantienen hasta 97 personas en celdas diseñadas para cincuenta. Además, denuncian que los detenidos beben agua del lavabo o del inodoro por la falta de agua potable y soportan calor extremo sin aire.
La concentración fue convocada por The Workers Circle, una organización que durante 47 semanas mantuvo vigilias frente a ‘Alligator Alcatraz’ para reclamar su cierre.
«Nuestro compromiso nunca fue con una instalación, sino con las personas que estaban dentro», dijo Arianne Betancourt, coordinadora comunitaria del grupo, que sigue el rastro de los detenidos repartidos ahora por otros centros.
Alexandra Orellana, de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés), dijo que el reciente cierre del polémico centro ‘Alligator Alcatraz’, que estaba ubicado en medio del humedal de los Everglades, solo movió a los detenidos «de una pesadilla a otra».
Orellana culpó a las operaciones migratorias «indiscriminadas» del Gobierno de Donald Trump de las condiciones de detención de los inmigrante.
«No existe una detención humana», resumió Yareliz Mendez-Zamora, del American Friends Service Committee, mientras otra de sus activistas, María Bilbao, comparó los recintos con los «centros clandestinos» como los de la época de la dictadura argentina.
Bilbao dijo haber enviado dieciséis casos sobre estas irregularidades a la oficina de la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz.
«Lo vi entrar a las 7 de la mañana y no lo vi salir más», relató Judith Castellanos, ciudadana estadounidense con 31 años en el país, sobre su esposo, Marlon Cervelo Trujillo, de 51 años, detenido tras acudir a su cita migratoria.
Contó que le advirtieron que no fuera, «y él dijo: ‘No, yo creo en las leyes de este país y creo en la justicia'».
La mujer reclamó justicia y sostuvo que su marido «no tiene que estar en una alta seguridad como si fuera un criminal o un delincuente».
Represalias por denunciar
El caso más citado fue el de Daikel Dumont Rodríguez, en aislamiento desde el lunes -según relató su esposa, Annett Uset Dumont- después de que ella denunciara las condiciones del centro en un canal local.
«Lleva tres días trancado por alzar la voz, por decir lo inhumano, las condiciones que están pasando aquí», afirmó la mujer, que describió celdas sin agua, con inodoros averiados y «un calor que tienen que dormir en calzoncillos porque los aires acondicionados no trabajan».
Un capitán, aseguró la mujer, justificó el aislamiento porque su marido «habló con las noticias».
Cuando los funcionarios federales sostuvieron que el aire ya funcionaba, ella replicó que «eso es mentira».
La esposa de otro inmigrante, de apellido Nolsen, diabético insulinodependiente y que ha sufrido tres pancreatitis agudas, dijo temer por su vida y aseguró que «en este lugar no tiene condiciones, no tiene medicamentos, no tiene nada».
También relató, entre lágrimas, que -en una ocasión anterior- su esposo permaneció cinco días en una unidad de cuidados intensivos debido a una pancreatitis, con un nivel extremadamente elevado. Sin embargo, aseguró que en el centro de detención le dijeron que esa cifra era «una cosa muy normal».
«Tengo miedo de que sus hijos no puedan ver a su papá por una injusticia», añadió.
En nombre de la congresista Wasserman Schultz, su colaborador Anthony Bryant reclamó «una investigación completa e independiente» y el cese de las represalias.
«Las represalias contra los detenidos que denuncian abusos no tienen cabida en una nación comprometida con el estado de derecho y la dignidad humana básica», subrayó Bryant.
