Ciudad de México, 6 oct (EFE).- Madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron en el estado de Guerrero -sur de México- en 2014, condenaron este jueves el nombramiento de Rosendo Gómez Piedra como nuevo fiscal del caso.
“Tal nombramiento no fue comunicado ni dialogado con nosotros. Es una persona que no tiene conocimiento del caso Ayotzinapa ni en materia de derechos humanos, particularmente en desaparición forzada de personas, tortura ni ejecuciones extrajudiciales, por lo tanto, carece de las competencias necesarias para estar al frente de una Fiscalía Especializada como esta”, dijeron los familiares en un comunicado.
Asimismo, señalaron que se enteraron del nombramiento del nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) a través de los medios de comunicación.
“Tal nombramiento no fue comunicado ni dialogado con nosotros”, lamentaron.
El miércoles, la Fiscalía General de la República anunció a Gómez Piedra como el nuevo titular de la (UEILCA) quien sustituye en el cargo a Omar Gómez Trejo, quien renunció al puesto el pasado 26 de septiembre.
Los padres y madres de los jóvenes, señalaron también que la cancelación de 21 órdenes de aprehensión, la renuncia del Fiscal y el nombramiento del nuevo titular “a espaldas de las madres y padres de los 43 son señales inequívocas de una regresión en el caso”.
Detallaron que la UEILCA es una de las instancias de un mecanismo extraordinario de justicia que se creó para dar verdad y justicia en el caso Ayotzinapa de manera dialogada y consensuada con las madres y padres de los 43.
“Por lo tanto, la renuncia del anterior titular y el nombramiento del actual sin tomarnos en cuenta, representa el inicio de un golpe y destrucción de este mecanismo de justicia transicional que con esfuerzo y trabajo se construyó y que representaba una esperanza de esclarecimiento de los hechos en los que fueron desaparecidos nuestros hijos”, compartieron.
Aseguraron que continuarán en la lucha por la presentación con vida de sus hijos. “Nos queda claro que solo la fuerza de nuestra exigencia logrará mover los obstáculos. Nos queda claro que los gobiernos son iguales”, concluyeron.
Gómez Trejo, que había sido designado en junio de 2019 como fiscal para el caso y había logrado ganarse la confianza de las familias de los estudiantes desaparecidos, había tenido choques con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero y renunció el 26 de septiembre pasado.
Un día después de la presentación del informe el 18 de agosto pasado en el que se reconocía, entre otras cosas, que el caso fue un “crimen de Estado”, la FGR anunció que se habían emitido 83 órdenes de detención contra militares, policías, miembros de grupos criminales y otros funcionarios.
El fiscal había sustentado el cargo de secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que conoce muy bien el caso y cuenta con la confianza de las familias y las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.
Tras el nombramiento, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) manifestó en su cuenta de Twitter que esta fue una decisión no comunicada ni explica antes a la familia y criticó que la designación sería “un enorme retroceso” al no contar el fiscal con experiencia en la investigación independiente de violaciones graves a derechos humanos.
Además, puntualizó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la asistencia técnica fueron apartados de la decisión.