San Antonio (TX), 9 may (EFE).- Dos consultores políticos, que se declararon culpables por lavar más de 200.000 dólares en sobornos de un banco mexicano como parte de un entramado en el que está acusado el representante a la Cámara Henry Cuéllar, están cooperando con el Departamento de Justicia en su caso contra el congresista.
Según documentos judiciales citados este jueves por The Texas Tribune, Cuellar supuestamente reclutó a su ex director de campaña, Colin Strother, y a otro consultor, Florencio “Lencho” Rendón, para facilitar los pagos.
El DOJ acusó la semana pasada al congresista demócrata y a su esposa, Imelda Cuellar, de soborno, influencia extranjera ilícita y blanqueo por recibir dinero de un banco mexicano así como de una empresa de Azerbaiyán.
La acusación se basa en que, presuntamente, el congresista aceptó en total 600.000 dólares en sobornos de estas entidades extranjeras a cambio de utilizar su cargo para influir en beneficio de las empresas implicadas en el caso.
Cuellar, de 68 años, es miembro del Congreso por el estado de Texas desde 2005. Su casa y la oficina de su campaña en la ciudad texana de Laredo, de donde es originario, fueron allanadas por el FBI en 2022 en el marco de la investigación federal.
A cambio de los sobornos pagados por el banco mexicano, el congresista posiblemente accedió a influir en la actividad legislativa y a asesorar y presionar a altos funcionarios del poder ejecutivo estadounidense en relación con medidas beneficiosas para dicho banco, según un comunicado del DOJ.
Los acuerdos de Strother y Rendón reportados por primera vez por el San Antonio Express-News, alegan que Cuellar le pidió a Strother reunirse con Rendón en febrero de 2016 para “participar en un proyecto para probar y certificar un aditivo de combustible fabricado por una empresa mexicana… para que pusiera venderse en Estados Unidos”.
Rendón le dijo a Strother que le pagaría 11.000 dólares al mes por el proyecto, de los cuáles 10.000 pasarían a Imelda Cuellar, según los acuerdos de declaración de culpabilidad citados por el rotativo.
El matrimonio Cuellar acumula dos acusaciones por cargos de conspiración para cometer soborno, dos cargos de soborno de un funcionario federal, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de violación de la prohibición para que los funcionarios públicos actúen como agentes de un mandatario extranjero.
A esto se suma un cargo de conspiración para cometer encubrimiento de blanqueo de capitales y cinco cargos de blanqueo de capitales.
Entre los dos, y teniendo en cuenta todos los cargos, se enfrentarían a una pena máxima de 204 años de cárcel. Mientras cada uno de los consultores enfrenta hasta 20 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares por lavado de dinero.