El Buró Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI, por sus siglas en inglés) busca ampliar de manera significativa el uso de cámaras lectoras automáticas de matrículas en todo el estado, con el objetivo de cubrir “todas las entradas y salidas” de Carolina del Norte, según un informe presentado ante legisladores estatales.
El programa piloto, que opera desde 2024 en coordinación con el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT), ya cuenta con más de 100 cámaras instaladas en carreteras estatales, desde Raleigh hasta Ocean Isle Beach. De acuerdo con el informe, las cámaras han realizado más de 150 millones de lecturas de placas vehiculares hasta principios de abril.
Actualmente, 32 agencias policiales participan en el programa, incluyendo el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, la Oficina del Sheriff del Condado Wake y la Policía de UNC Charlotte. Sin embargo, solo 17 agencias tienen sistemas completamente operativos.
PEDIDO
El director del SBI, Chip Hawley, pidió a la Asamblea General extender el programa hasta 2028 y crear subvenciones para que más departamentos de policía puedan instalar estas cámaras en carreteras interestatales y vías principales.
Las autoridades aseguran que la tecnología ayuda a resolver delitos violentos y localizar personas desaparecidas. El informe incluye múltiples casos en los que las cámaras ayudaron a rastrear vehículos vinculados a homicidios y otras investigaciones criminales.
REACCIONES
No obstante, la expansión del sistema también ha generado preocupación entre defensores de la privacidad y líderes comunitarios. Varias ciudades de Carolina del Norte han cancelado contratos con compañías proveedoras de cámaras tras críticas de residentes sobre vigilancia masiva y posibles errores en identificaciones.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en Fayetteville, donde una mujer fue arrestada erróneamente en 2022 después de que el sistema identificara incorrectamente su vehículo en una investigación de tiroteo. Posteriormente recibió un acuerdo legal de 60 mil dólares.
El debate continúa mientras legisladores y comunidades evalúan el equilibrio entre seguridad pública y privacidad ciudadana.
