Ciudad de México, 24 jun (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) mostró este miércoles su «preocupación» por el desalojo que sufrieron integrantes del colectivo trans que se manifestaron en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México por parte de agentes de la Guardia Nacional, al tiempo que llamó a las autoridades a «privilegiar el diálogo».
En una publicación en sus redes sociales, AI recordó que la protesta del martes en Ciudad de México tenía el objetivo de «exigir atención a sus demandas y garantías para el ejercicio de sus derechos», en un contexto marcado por «la discriminación y la violencia que históricamente enfrenta la población trans en México».
Por ello, pidió a las autoridades negociación con los manifestantes en vez de «recurrir a cualquier medida que restrinja el ejercicio de la protesta».
«Exhortamos a las autoridades federales a establecer canales de diálogo genuino con las personas y colectivos que impulsan estas demandas, reconociendo que la escucha, la participación y el respeto a los derechos humanos constituyen la vía más adecuada para atender los reclamos sociales y fortalecer una sociedad más justa e incluyente», concluyó Amnistía Internacional.
La protesta a la que se refería ocurrió el martes, cuando agentes de la Guardia Nacional disolvieron a los manifestantes, quienes reclamaban una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Los activistas denunciaron haber sido sacados por la fuerza del plantón que mantenían en la institución gubernamental con el uso de extintores, a la vez que reafirmaron que estos hechos «no nos callarán».
También acusan a las fuerzas de seguridad de usar «agentes químicos», por lo que reclamaron el cese de «cualquier acto de represión o criminalización contra el colectivo».
«A las personas trans nos arrebataron tanto que ya no tenemos nada más que perder», dijo una de las organizaciones que participó en las movilizaciones en un mensaje dirigido a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Diferentes colectivos y organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que ninguna de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo 2026, incluidas Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, cuenta con planes requeridos por la FIFA para proteger a las personas inmigrantes y LGBT.
En pleno mes del orgullo, una encuesta reveló que el 34 % de las personas LGBT acude a la red de apoyo del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México por problemas derivados en el rechazo de sus seres queridos o dudas sobre el proceso para confesar abiertamente su orientación sexual.
