Un mes después de los devastadores terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio, el país continúa enfrentando una de las peores tragedias naturales de su historia reciente. Mientras las labores de emergencia dieron paso a la reconstrucción, miles de familias siguen viviendo entre refugios, viviendas agrietadas e incertidumbre.
El más reciente balance oficial, divulgado esta semana por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, elevó la cifra de víctimas fatales a 5,398 personas, mientras que el número de heridos permanece en 16,740, una cifra que no ha variado en las últimas dos semanas.
La mayor parte de las muertes ocurrió en La Guaira, siendo Vargas el estado más afectado por los sismos, donde comunidades enteras quedaron reducidas a escombros y decenas de edificios colapsaron por completo.
DESAPARECIDOS: UNA CIFRA QUE SIGUE SIN RESPUESTA
Hasta la fecha, el gobierno no ha divulgado una cifra oficial de desaparecidos ni ha informado cuántos casos permanecen abiertos, lo que ha provocado cuestionamientos de familiares y organizaciones civiles que reclaman mayor transparencia.
En las semanas posteriores al desastre, familiares recurrieron a redes sociales, listas comunitarias y centros de atención para intentar localizar a sus seres queridos, mientras equipos de rescate continuaban recuperando cuerpos entre los escombros, especialmente en el estado La Guaira.
La falta de un registro público y actualizado ha dificultado conocer cuántas personas siguen sin ser localizadas y cuántos de los cuerpos recuperados permanecen sin identificar. Organizaciones de derechos humanos han solicitado a las autoridades publicar información periódica sobre las labores de identificación y mantener un registro accesible para los familiares de las víctimas.
DAÑOS MILLONARIOS
Según el balance gubernamental, 856 edificios sufrieron daños estructurales, de los cuales 190 colapsaron totalmente. Además, más de 1,600 obras de infraestructura, entre ellas carreteras, puentes y sistemas de servicios públicos, resultaron afectadas.
Los terremotos dejaron 17,907 personas sin hogar, mientras más de 21,000 venezolanos permanecen alojados en 107 refugios temporales distribuidos entre La Guaira, Caracas y el estado Miranda.
El Banco Mundial estima que los daños materiales ascienden a $19,600 millones, mientras que el costo total de la reconstrucción podría superar los $50,000 millones, una cifra sin precedentes para el país.
PROMESAS DE RECONSTRUCCIÓN
El gobierno asegura que acelera el proceso de recuperación.
La presidenta encargada prometió entregar 4,000 viviendas antes de finalizar este año, correspondientes a proyectos que ya estaban en construcción, además de levantar nuevas urbanizaciones para superar las 10,000 viviendas durante 2027.
Sin embargo, estas promesas han sido recibidas con escepticismo por parte de especialistas y ciudadanos afectados, quienes denuncian retrasos en la ayuda, dificultades para acceder a materiales de construcción y falta de información sobre los planes de reconstrucción.
Rodríguez también afirmó que el Ejecutivo realiza estudios de suelo en las zonas afectadas, pero rechazó las denuncias que responsabilizan al Estado por el colapso de edificios públicos y complejos habitacionales construidos sobre terrenos considerados inestables.
Ingenieros y urbanistas han solicitado investigaciones independientes para determinar si hubo fallas en los diseños estructurales o incumplimiento de normas de construcción, especialmente en proyectos financiados por el Estado.
EL COSTO DE RECONSTRUIR UNA VIDA
Para miles de familias, reconstruir sus hogares resulta prácticamente imposible.
«Los daños en mi casa tienen arreglo, pero no hay dinero. Eso me quita el sueño», relató una residente de La Guaira, reflejando la situación de miles de venezolanos que perdieron gran parte de su patrimonio.
El acceso al crédito bancario continúa siendo uno de los principales obstáculos. Debido al elevado encaje legal impuesto por el Banco Central de Venezuela, que mantiene inmovilizado alrededor del 73 % de los depósitos bancarios, los préstamos hipotecarios y para remodelación prácticamente han desaparecido para la mayoría de la población.
Mientras tanto, los bajos salarios agravan la crisis. Un trabajador del sector público recibe en promedio alrededor de $190 mensuales, principalmente mediante bonos, mientras que el salario promedio del sector privado ronda los $237 al mes, según el Observatorio Venezolano de Finanzas.
Estas cifras contrastan con el costo de la canasta básica de alimentos, que supera los $500 mensuales, obligando a millones de venezolanos a mantener dos o más empleos para poder cubrir sus necesidades básicas.
UNA TRAGEDIA QUE PROFUNDIZA UNA CRISIS PREVIA
Los terremotos golpearon a un país que ya atravesaba una prolongada crisis económica y social. En la última década, más de 7.7 millones de venezolanos han emigrado, de acuerdo con organismos internacionales, dejando a muchas familias fragmentadas y con menos redes de apoyo para enfrentar una emergencia de esta magnitud.
Aunque las autoridades aseguran que la recuperación avanza, en las zonas más afectadas persisten las preguntas sobre la rapidez de la respuesta oficial, la calidad de algunas construcciones colapsadas y la capacidad del Estado para ofrecer soluciones permanentes.
A un mes del desastre, la tragedia no solo se mide en las 5,398 vidas perdidas, sino también en las miles de familias que aún esperan regresar a un hogar y recuperar la estabilidad en un país que enfrenta el enorme desafío de reconstruirse en medio de profundas dificultades económicas.
