Ciudad de México, 8 mar (EFE).- El Gobierno de México presentó este miércoles en el Congreso una reforma al artículo 33 de la Constitución, que permite la expulsión de extranjeros por “inmiscuirse” en política y que en años recientes ha causado polémica, en particular por españoles.
El texto de la reforma, recibida en la Cámara de Diputados, pretende retocar los párrafos primero y segundo, y derogar el tercero, asegura que las personas extranjeras “gozarán de los derechos humanos y garantías” de la Constitución, por lo que “queda garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas”.
El Gobierno, no obstante, se reserva el derecho a expulsar a extranjeros cuando se acredite que su estancia en México constituye “un riesgo o afectación a la seguridad nacional”, siempre previa audiencia y cuando se hayan agotado los procedimientos administrativos ante la autoridad competente.
El artículo 33, tal y como está ahora redactado, permite “expulsar del territorio nacional a personas extranjeras”, a las que se les prohíbe “de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ya anunció la propuesta el pasado lunes en su rueda de prensa matutina y la justificó al señalar que antes “al que se consideraba extranjero pernicioso porque hacía un cuestionamiento al Gobierno se le deportaba”.
La cláusula ha despertado controversia en años recientes, como en diciembre pasado, cuando el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) pidió usar el artículo contra el español Abraham Mendieta, asesor y simpatizante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ese mismo mes, la Secretaría de Gobernación (Segob) eliminó de la lista de personas non gratas al cantante francés Manu Chao, quien en 2009 criticó al Gobierno de México, entonces de Calderón, por la represión de las protestas en San Salvador Atenco en 2006.
Mientras que en 2021, simpatizantes de Morena pidieron aplicar el artículo 33 a los líderes de Vox que acudieron al Congreso a presentar la Carta Madrid, algo a lo que López Obrador se negó.
Por otro lado, el Tribunal Federal Electoral decretó en 2018 que la cantante Belinda, quien tiene nacionalidad española pese a vivir en México, “vulneró” la Constitución y la ley electoral por participar en actos políticos de Morena.
Y en 2014 hubo una controversia con Chile por el arresto del músico chileno Lawrence Maxwell Ilabaca durante una protesta tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de ese año.
“No debe haber nada que limite la libertad y todos esos supuestos delitos que tienen que ver con insultos a la autoridad deben eliminarse”, consideró López Obrador el pasado lunes.