La Junta Estatal de Educación de Florida aprobó una nueva normativa que impedirá a los inmigrantes indocumentados matricularse en los 28 state colleges públicos del estado y en diversos programas de educación para adultos, incluidos los cursos para obtener el GED y las clases de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL).
La regulación exige que los aspirantes demuestren ser ciudadanos estadounidenses o contar con presencia legal en el país antes de ser admitidos en estas instituciones educativas.
La medida fue aprobada durante una reunión de la Junta Estatal de Educación y modifica las reglas que rigen tanto el Sistema de Colleges de Florida como los programas públicos de educación para adultos.
PODRÍA AFECTAR A MILES DE ESTUDIANTES
De acuerdo con estimaciones citadas durante el debate, cerca de 8,000 estudiantes indocumentados se gradúan cada año de escuelas secundarias en Florida. Muchos de ellos recurrían a los state colleges como una alternativa más económica para continuar sus estudios superiores.
El Sistema de Colleges de Florida está compuesto por 28 instituciones públicas que ofrecen certificaciones técnicas, programas de dos años y, en algunos casos, licenciaturas.
TAMBIÉN APLICA A PROGRAMAS GED Y ESOL
La nueva normativa también restringe el acceso a programas públicos de educación para adultos, entre ellos los cursos de preparación para el GED, que permite obtener una certificación equivalente al diploma de secundaria, y los programas ESOL (English for Speakers of Other Languages), diseñados para la enseñanza del inglés.
A partir de la entrada en vigor de la regla, quienes deseen inscribirse deberán acreditar ciudadanía estadounidense o presencia legal en el país.
CRÍTICAS DE ORGANIZACIONES CIVILES
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes rechazaron la decisión y advirtieron que la medida limitará las oportunidades educativas para miles de jóvenes y adultos.
Representantes de grupos como Florida Student Power y Justicia para Migrantes cuestionaron el proceso de aprobación y señalaron que la nueva política dificultará el acceso a la educación para personas que buscan mejorar sus oportunidades laborales y académicas.
Mientras tanto, la Junta de Gobernadores de Florida estudia una propuesta similar que extendería este requisito de verificación migratoria a las 12 universidades públicas del estado.
