San Juan, 31 ene (EFE).- Vasos, platos y cubiertos hechos de plástico de un solo uso son omnipresentes en muchos negocios de Puerto Rico, donde la prohibición de este material, prevista para este verano, corre el riesgo de ser aplazada pese a su impacto en el medioambiente y la salud pública.
El futuro de los plásticos de un solo uso ha enfrentado en este mes de enero a las organizaciones ambientalistas con las asociaciones de comerciantes y restaurantes, que abogan por posponer la entrada en vigor de la Ley 51-2022, justificándose en el retraso gubernamental en la publicación del debido reglamento.
Los escasos avances realizados desde que hace dos años se aprobó esa legislación que prohíbe el expendio y utilización del plástico de un solo uso han llevado al senador Albert Torres a presentar el Proyecto 1374 para retrasar su implementación hasta el 1 de julio de 2026.
“Por un lado, los comerciantes han estado llevando un mensaje de que se retrase, de que no están listos, de que esto va a tener un costo y, por otro lado, (vemos) la negligencia y la impericia de estas agencias de Gobierno que no han asumido el rol que les mandata la ley”, dijo en entrevista con EFE Ingrid Vila, presidenta de la organización ambientalista CAMBIO.
“Se juntan los dos elementos para justificar o tratar de justificar un proyecto de ley que propone aplazar por dos años la medida y, para nosotros, eso no es aceptable”, subrayó la presidenta de CAMBIO, que coordina la propuesta multisectorial Generación Circular.
En la misma línea, la líder ambientalista Myrna Conty criticó durante una reciente vista pública en el Senado que los opositores a la medida están usando “las mismas excusas” que hace dos años y que todavía hay tiempo para hacer la transición porque no se impondrían multas hasta pasados 6 meses de la entrada en vigor de la ley.
La crítica situación de la isla
En opinión de Vila, “Puerto Rico no aguanta el tener dos años más generando plásticos de un solo uso que acaben en vertederos”, sean legales o clandestinos, porque “el material tóxico que genera este tipo de plástico” impacta la salud de la población y el medioambiente.
Al eventual retraso de la prohibición de los plásticos de un solo uso se suma que la Ley 70 de reciclaje, promulgada en 1992, ha sido ignorada durante décadas.
“Esa ley nunca se ha puesto en vigor. Establecía unas metas para que en 1996 Puerto Rico alcanzara el 35 % de reciclaje, pero esa meta no se alcanzó y se ha aplazado ya en cuatro ocasiones”, lamentó la presidenta de CAMBIO.
Durante la vista pública en el Senado, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) reconoció que en la actualidad se está reciclando poco más del 7 % y que algunos vertederos han llegado al fin de su vida útil.
Pese a que no ha terminado el reglamento sobre la prohibición del plástico de un solo uso, el DRNA opinó que la entrada en vigor de la ley puede posponerse unos meses para que los comerciantes se adapten, pero que dos años es “innecesario”.
Según un reciente informe del DRNA, los plásticos que se desechan han aumentado en la isla un 70 % en 20 años, entre 2003 y 2023, representando hoy en día el 17 % de los residuos que llegan a los vertederos.
“Ha habido un aumento vertiginoso en el uso de plásticos en Puerto Rico y, sin embargo, la mayoría tenemos recuerdos de momentos en que no era así”, dijo Vila, quien abogó por “romper con esa cultura del consumo y el desecho”.
Los comerciantes piden más tiempo
Lymaris Otero, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET), explicó a EFE que este proyecto de retrasar la implementación de la ley es “meritorio particularmente porque el comercio no tiene claridad total de cuáles van a ser los productos que van a estar prohibidos”.
“Como está la ley redactada, era imposible aplicarla en dos años porque adolece de muchas cosas, es vaga y tiene deficiencias”, defendió Otero, quien señaló que al no haber un reglamento los comercios desconocen el inventario que pueden tener.
La directora ejecutiva de la ACDET indicó que esta ley impacta también la industria de la salud, hospitales y farmacias, porque los medicamentos, entre otros, se dispensan en plásticos de un solo uso.
Por ello, pidió “un tiempo prudente” porque en la isla no hay manufactura de productos sustitutivos de estos plásticos como son los biodegradables o compostables.
Sobre el costo, Carlos Budet, presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), aseguró a EFE que tirar el inventario existente “definitivamente va a afectar a los precios”.
“¿Dónde se impacta? Al final de la línea, se impacta en el precio, así que tenemos que ser mucho más responsables en lo que se está proponiendo”, dijo Budet, quien urgió a retrasar la prohibición porque “nadie está preparado para esto ahora”.
Una postura a la que se opone de forma “rotunda” la ambientalista Conty: “Tuvieron suficiente tiempo”.