Ciudad de México, 7 jun (EFE).- Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014 en el estado de Guerrero, sur de México, vandalizaron este martes instalaciones de la Marina mexicana durante su segundo día de las jornadas de lucha para exigir al Gobierno el avance de las investigaciones por el caso.
Tras comenzar con su marcha en ciudad costera de Acapulco, los padres de los jóvenes, junto con alrededor de 500 estudiantes de diferentes escuelas rurales del país, se dirigieron a las instalaciones de Octava Región Naval para exigir la entrega de los archivos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, fecha en que los jóvenes desaparecieron en Iguala.
Pese a no tener una respuesta favorable, un padre de familia junto a un miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, abrieron a la fuerza las puertas de la base naval, logrando acceder a dichas instalaciones.
Entre los reclamos, un grupo de marinos prepararon sus armas para disparar para evitar que siguieran avanzando los manifestantes, pero minutos después los efectivos de la marina fueron sustituidos por efectivos de la policía antimotines.
“Prefiero morir de pie, que vivir toda una vida de rodillas”, “nos faltan 43” y “26 de septiembre no se olvida” fueron algunas de las consignas pintadas en las instalaciones por parte de los estudiantes.
El abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, pidió hablar con el comandante y poder acceder a los archivos de la Marina para tener mas información con relación a los 43 estudiantes desaparecidos, pero se le negó la solicitud.
Dentro de la manifestación también se incorporaron los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), así como asociaciones que buscan a personas desaparecidas en el estado.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.
Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, los estudiantes fueron entregados al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Esta versión siempre fue cuestionada por los familiares de las víctimas y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en los anteriores informes ya señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en el basurero.
El Gobierno de López Obrador reabrió el caso a finales de 2018 y derrumbó definitivamente esta versión oficial al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020, y de Jhosivani Guerrero, en junio pasado, ambos en la Barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
Estas dos identificaciones se sumaron a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.
El informe publicado el pasado 29 de marzo aportó, entre otros hallazgos, un video tomado el 27 de octubre de 2014 en el basurero de Cocula -donde supuestamente fueron incinerados los 43 estudiantes secuestrados- protagonizado por miembros de la Secretaría de Marina manipulando pruebas.