Los Ángeles, 15 mar (EFE).- Familiares de las víctimas del tiroteo de Uvalde (Texas), que dejó 22 muertos en una escuela en mayo de 2022, pidieron a un juez que les permita sumarse a una demanda presentada por medios periodísticos contra el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) para que publique los registros sobre la polémica respuesta policial al ataque.
En agosto pasado varios medios de comunicación incluidas las organizaciones The Texas Tribune y ProPublica, presentaron una querella legal contra el DPS para que publique los récords del operativo.
Varios padres de las víctimas mortales y de los heridos hicieron la solicitud al juez que examina el caso bajo el argumento que “tienen el mismo interés” que los medios periodísticos en conocer esa información, según informó hoy The Texas Tribune.
“Las razones dadas para la retención de la investigación o el hallazgo de los Rangers de Texas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas no tienen mérito ni son razonables”, escribieron los abogados.
Las familias “como víctimas de la tragedia, tienen una necesidad apremiante de información que anulará la necesidad de mantener la información oculta”, agregaron.
El DPS se ha negado a divulgar los registros públicos incluidos informes de incidentes, comunicaciones internas, informes balísticos e imágenes de cámaras corporales.
La fiscal del distrito de Uvalde, Christina Mitchell, se ha puesto del lado del DPS y ha pedido al juez que mantenga los registros en secreto.
En agosto pasado una demanda similar fue presentada por una docena de medios de comunicación contra la ciudad de Uvalde, el Departamento del Alguacil del Condado de Uvalde y el Distrito Escolar Independiente de Uvalde (CISD) para que revele información sobre el tiroteo.
Las solicitudes están amparadas por la Ley de Información Pública de Estados Unidos.
Un informe preparado por un comité especial de investigación de la Cámara de Representantes de Texas encontró “fallas sistémicas” entre las agencias de aplicación de la ley y los protocolos de seguridad escolar para detener al tirador Salvador Ramos, de 18 años.
Al menos 376 agentes de diferentes agencias de ley respondieron a la escena, cerca de 100 del DPS. A los agentes les tomó más de 77 minutos irrumpir en el salón de clases donde se encontraba el tirador y matarlo.