Uvalde (Texas), 24 may (EFE).- Con heridas abiertas muy lejos de cicatrizar y llenos de demandas no satisfechas, los familiares de los 19 niños y 2 profesoras muertos en la Escuela Primaria Robb de Uvalde se enfrentan este miércoles a una jornada funesta: el aniversario de una de las tragedias más oscuras en la historia reciente de Estados Unidos.
Como lo hicieron en su día Sandy Hook (2012, 26 muertos) o Columbine (1999, 15 muertos), el nombre de Uvalde entró a formar parte hace un año de la crónica negra del único país del mundo en el que hay más armas que personas: 120 por cada 100, apunta la organización Smalls Arms Survey.
Aunque el trágico y mediático suceso trajo un halo de esperanza a los que apoyan un mayor control de las armas, la realidad es que en estos 365 días no se ha materializado ninguna de las demandas de los padres de Uvalde.
Se logró llevar a la Cámara de Representantes la solicitud principal -la subida de la edad permitida para tener armas de asalto de los 18 a los 21 años- con un proyecto de ley, pero acabó quedándose en papel mojado.
Pese a que las autoridades han pedido privacidad para las familias en esta jornada, está previsto que participen en varios eventos, entre ellos una misa en recuerdo a las víctimas y una vigilia que se celebrará por la noche.
En una rueda de prensa el pasado lunes, el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, pidió respeto, sugirió a los ciudadanos que no se acerquen al municipio y alentó a la prensa a no molestar, en esta jornada en la que los colegios y las oficinas gubernamentales estarán cerrados.
“Creo que todo el mundo está nervioso por lo que vaya a pasar e incluso mucha gente va a cerrar sus negocios”, cuenta a Efe Rosemary, dueña de un restaurante en Uvalde.
Mientras que hace un año sacó todas sus fuerzas para ayudar a las familias afectadas y donó decenas de comidas, hoy se le cambia la cara al mencionarle la tragedia. Pensar en ese día, confiesa, le envuelve de una tristeza extrema.
Ella sí tiene previsto abrir hoy su negocio. “No importa lo que pase, tenemos que continuar”, afirma.
Es complicado olvidar lo que pasó en Uvalde hace doce meses. Testigos son los carteles de “Strong Uvalde” (Uvalde fuerte) pegados en las ventanas de la mayoría de las casas y negocios.
Y los murales que decoran algunas fachadas con las caras de los niños. Y las cruces con nombres, decoradas con juguetes, fotos y flores, instaladas en la pequeña plaza central de esta ciudad de unos 15.000 habitantes, ubicada a una hora de la frontera, y en la que el 80 % de los habitantes son de origen mexicano.
También lo eran casi todos los niños fallecidos y las dos maestras, que fueron asesinados por Salvador Ramos, un joven de 18 años que se había comprado dos rifles de asalto el día de su cumpleaños.
Un AR-15, el más popular en el país, fue el que usó Ramos tras entrar por una puerta trasera que estaba abierta y atrincherarse durante 77 minutos en las aulas 111 y 112 de la Escuela Primaria Robb, un edificio que permanece cerrado desde entonces, a la espera de ser demolido.
Hay varias investigaciones abiertas sobre lo sucedido. Según un informe de un comité de la Cámara de Representantes de Texas hubo “fallos sistémicos” en la respuesta policial.
La fiscal de distrito al que pertenece la ciudad, Christina Mitchell, está estudiando si se deben presentar cargos contra los oficiales que esperaron durante más de una hora para irrumpir en el salón de clases y neutralizar a Ramos. También hay abierta una investigación del Departamento de Justicia.
El jefe de la Policía Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, fue despedido en agosto, y el superintendente de la Junta Escolar de Uvalde, Hal Harrell, renunció, al igual que el jefe interino de Policía de Uvalde, Mariano Pargas.
También están en el aire varias demandas interpuestas por los familiares, entre ellas la de Sandra Torres, madre de una de las niñas asesinadas, quien demandó al fabricante del rifle usado en la matanza, la tienda que vendió el arma, la ciudad, el distrito escolar y varios departamentos policiales.
La querella argumenta que el fabricante fue negligente en la comercialización y venta del rifle al usar imágenes militaristas para atraer a jóvenes vulnerables y violentos y que sugieren que los civiles pueden usar sus armas como si estuvieran en misiones de combate.