Miami, 11 may (EFE).- Marcos Carmona, director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua (CPDH), una ONG desmantelada por el presidente Daniel Ortega, alberga las esperanzas desde su exilio en Miami (Florida) de que Gobiernos como el de Estados Unidos y Canadá continúen “ejerciendo presión para que pueda volver la paz social” a su país.
“Hemos documentado que por solo decir ‘Viva Nicaragua libre’ simpatizantes del régimen le han quitado la vida a los ciudadanos. Los delincuentes de hoy en día son los que están controlando absolutamente todo, tenemos una Asamblea Nacional que ha creado leyes antidemocráticas”, denunció Carmona este miércoles en una entrevista con Efe.
El activista se mostró satisfecho por que el pasado lunes la CPDH logró reabrir en Miami su filial, donde funciona desde el 2015 y tuvo que cerrar por la pandemia,
“A partir de este lunes reinauguramos la oficina. Vamos a atender a los nicaragüenses, pero no solo recibimos denuncias. Queremos ser un canal de comunicación para aquellos centroamericanos que sientan que se violan sus derechos humanos o sufran violencia doméstica y queremos también proteger los derechos de los niños”, señaló.
Carmona afirma que desde 2018, año en que “el pueblo (nicaragüense) salió a protestar a la calle” y el Gobierno de Ortega lo reprimió duramente, se han recibido en EE.UU. alrededor de 600 denuncias de violaciones de los derechos humanos.
La CPDH fue despojada de su personalidad jurídica el pasado 20 de abril tras más de 40 años de funcionamiento. Era el último organismo defensor de los derechos humanos en Nicaragua tras el cierre en 2018 del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH).
“El mismo 20 de abril, cuando se cumplían 47 años de la CPDH, nos despojaron de personalidad jurídica; lo hicieron premeditadamente”, dice Carmona, quien llegó a Miami el pasado 2 de mayo junto al también miembro de la CPDH Denis Darse.
“Nos dijeron que iba a haber capturas, y, de hecho, todavía está encarcelada la doctora María Oviedo, que integra el equipo de la CPDH. En junio se cumplirá un año de estar presa en El Chipote”, denunció.
“Éramos una ONG sin fines de lucro, le presentábamos al Gobierno los informes financieros y estos fondos eran auditados por firmas de contadores públicos que a partir de 2018 no quisieron recibir nuestra información”, lamenta Carmona.
El activista puntualiza que, “después de que cerraron la CPDH, hubo otra oleada y acaban de cerrar más de 50 onegés como Operación Sonrisa, enfocada en ayudar a niños con labios leporinos”.
“EN TOTAL INDEFENSIÓN”
Según Carmona, próximo a cumplir 56 años, y de ellos 20 al frente de la organización, a las ONG “las están acusando de violentar la ley de ciberdelito y traición a la patria” en unos procesos, afirma, “injustos y viciados”.
“Hemos demostrado que todos estos argumentos no existen, solo le cambian el nombre (de la persona en la acusación) y mantienen el mismo contenido. Son como plantilla hechas”, dice.
“Lo triste es que los presos políticos y esas personas procesadas están en un estado de indefensión”, apostilla.
Sobre los organismos e instancias internacionales donde han podido presentar las más de 11.000 denuncias de violaciones de los derechos humanos en Nicaragua documentadas desde 2018, señala la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Ahora, dice, “no queda más que ver y documentar lo que podamos hacer desde lejos. La Asamblea Nacional acaba de aprobar esta semana una ley por la que el ministerio público puede acusar a cualquier ciudadano por traición a la patria y abrir el proceso en ausencia y confiscar sus bienes”.
“Estas declaraciones que estoy dando podrían servirles”, dice Carmona, que llegó a Miami luego de escapar por tierra de su país.
“Mi travesía es lo menos importante, lo triste es cuando otras personas han perdido la vida o han sido secuestradas o violadas. Hay más de 300.000 nicaragüenses que han emigrando; somos gente trabajadora pero no nos han dado la oportunidad de seguir adelante con leyes que funcionen”, sentenció.