El conflicto armado de Tigray cumple seis meses sin atisbo de solución

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ETIOPÍA CONFLICTO

Adís Abeba, 04 may (EFE).- El conflicto en la región etíope de Tigray, que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados, cumplió hoy seis meses sin que se atisbe una solución pese a la presión internacional, ignorada a menudo por el Gobierno de Etiopía.

El pasado 4 de noviembre, el primer ministro del país, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva armada contra el Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), partido entonces en el poder en la región norteña, en represalia a un ataque de fuerzas de esa formación a una base militar etíope en dicho territorio.

Ese ataque fue la gota que colmó el vaso de una serie de desavenencias entre el Gobierno central y el FPLT, partido que lideró durante casi tres décadas la coalición étnica que conformaba el gobernante Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE), refundado por Abiy, tras su llegada al poder en 2018, en el Partido de la Prosperidad (PP) y del que se desvinculó el FPLT.

La tensión aumentó cuando, tras demorarse las elecciones generales previstas el pasado agosto por la covid-19, el FPLT celebró en septiembre comicios parlamentarios regionales, que el Ejecutivo federal tildó de ilegales y una violación del “orden constitucional”.

Además, desde el 5 de octubre, cuando teóricamente expiraba el mandato de Abiy, el Gobierno de Tigray, región fronteriza con Eritrea y Sudán, no reconocía la autoridad del Ejecutivo federal. 

En ese contexto, las tropas federales, apoyadas después por fuerzas eritreas y milicias afines, lanzaron una ofensiva bélica contra el FPLT que, según los cálculos del primer ministro, sería rápida y centrada en objetivo concretos.

De hecho, Abiy, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2019, anunció a finales de noviembre la toma de la capital tigriña, Mekele, y cantó victoria en la guerra, pero siguen las hostilidades.

Getachew Reda, alto funcionario de FPLT (designado el pasado fin de semana como “organización terrorista” por el Gobierno etíope), apareció hace dos semanas en una televisión tigriña y, desde un lugar desconocido de Tigray, aseguró que las fuerzas leales a esa formación continuarán luchando fasta el final.

Y no dejan de publicarse informes sobre masacres, violaciones y hambre en la región, de más de cinco millones de habitantes.

MILES DE CIVILES MUERTOS

Como recordó este martes la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI), “miles de civiles han muerto, cientos de miles de personas han sido desplazadas internamente dentro de Tigray y 63.000 refugiados han huido a Sudán” desde el estallido del conflicto.

Además, unos 5.000 niños han sido separados de sus familias desde noviembre en la región norteña, denunció hoy la organización humanitaria Save the Children.

Igualmente, según el Programa Mundial de alimentos (PMA) de la ONU, “más de dos millones de personas en la región” sufren “necesidades alimentarias”.

Pese a que el Gobierno de Abiy da por acababa la “operación de aplicación de la ley”, eufemismo que usa para definir la contienda, “la violencia y el conflicto en Tigray han continuado sin cesar” desde el 4 de noviembre, según indicó la ONU el pasado 29 de abril, y potencias occidentales ejercen presión diplomática.

La Unión Europea suspendió en enero un apoyo presupuestario para Etiopía de 88 millones de euros, hasta que las agencias humanitarias tengan acceso a las personas que necesitan ayuda en la maltrecha región, algo a lo que el Gobierno etíope ha puesto trabas.

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, presionó a Etiopía para que aborde el “desastre” humanitario en Tigray, en una llamada telefónica con Abiy, tras haber descrito previamente la violencia en ese territorio como “limpieza étnica”.

Por su parte, la Unión Africana (UA), que tiene su sede en Adís Abeba, ha mantenido un sonoro silencio desde que pidió el cese de las hostilidades en noviembre pasado.

Abiy rechazó entonces los llamamientos de los enviados de alto nivel de la UA a entablar conversaciones con los líderes del FPLT, y se aferró a su idea de que el conflicto es un asunto interno de restablecimiento del “orden público”.

Según criticó hoy AI, “la Unión Africana y los gobiernos de la región han hecho muy poco para hablar en contra de la serie de probables crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad” cometidos en Tigray, donde no se divisa a corto plazo el fin del conflicto.