Ciudad de México, 24 ene (EFE).- Un juez otorgó a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, la suspensión provisional del proceso penal en su contra por su responsabilidad en el incendio que mató a 40 migrantes en marzo de 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México.
“Este es un terrible precedente, porque entonces significa que cualquier funcionario público que cometa un delito de este grado y, que además no es cualquier funcionario, estamos hablando del titular de una institución, pueda cometer un delito y pague el Estado”, dijo a medios locales Yesenia Valdez, abogada de los familiares de las víctimas.
La resolución exige que el funcionario cumpla con diversas medidas cautelares durante los próximos 18 meses, como mantener su residencia fija, ofrecer una disculpa pública, completar cursos de derechos humanos y protección civil, asegurar indemnizaciones a víctimas y realizar supervisiones trimestrales en centros de detención migratoria.
La noche del 27 de marzo de 2023, 40 migrantes provenientes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, fueron víctimas de asfixia por el humo causado de un incendio de unos 3 minutos de duración, generado por dos venezolanos, de acuerdo con investigaciones de las autoridades mexicanas.
Tras los hechos, Garduño fue llevado a juicio por el delito de omisión en relación al incendio, por no haber tomado las medidas adecuadas para prevenir la tragedia.
Este viernes, la abogada Valdez señaló que buscar justicia en México por este tipo de casos es “como buscar una aguja en un pajar”, pero aseguró que se van a interponer los recursos necesarios contra esta decisión.
“Nosotros enviamos una carta a la señora presidenta (Claudia Sheinbaum) y esperamos que no sea esto lo que continuamente pase durante la gestión de la señora Claudia y que haya más funcionarios, que la maquinaria de impunidad se siga alimentando con este tipo de resoluciones que se sigan cometiendo graves violaciones de derechos humanos”, señaló.
Apenas el jueves, más de 100 organizaciones civiles denunciaron “irregularidades” en el proceso del funcionario y lo acusaron de querer “eludir su responsabilidad penal” en la tragedia.
Pese a la situación jurídica de Garduño, Sheinbaum ha decidido no removerlo del cargo, aunque en diciembre pasado anunció que reformaría el INM sin dar mayores detalles.
Migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado al INM de abusos para evitar el avance de los indocumentados hacia el norte del país ante las presiones de Estados Unidos, donde el presidente, Donald Trump, ha pedido a México que detenga “la invasión” migratoria.
Apenas esta semana, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, defendió la estrategia migratoria del Gobierno al citar una reducción del 75 % en el encuentro diario de migrantes irregulares en la frontera con EE.UU. desde diciembre de 2023, con base en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Pero México detectó un récord de más de 925.000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi el 132 %, según la Unidad de Política Migratoria del Gobierno.