Washington, 12 feb (EFE).- Un juez federal estadounidense permitió este miércoles al Gobierno de Donald Trump seguir adelante con su plan de ofrecer indemnizaciones a los empleados federales para que renuncien, que había sido impulsado para reducir el tamaño del Ejecutivo.
El magistrado de distrito George O’Toole rechazó continuar la restricción a ese programa que había impuesto la semana pasada, alegando, según el diario The Washington Post, que la demanda presentada por sindicatos no puede prosperar porque no tienen legitimidad para denunciar y porque su tribunal carece de la jurisdicción necesaria.
Según datos de la Casa Blanca citados por los medios locales, había 2,3 millones de empleados que podían acogerse a esa opción y unos 65.000 ya habían aceptado el acuerdo.
La Oficina de Administración de Personal (OPM) anunció a finales de enero que indemnizaría a esos trabajadores si renunciaban antes del 6 de febrero.
La oferta se aplicaba a todos los empleados federales de tiempo completo, excepto al personal militar, a los miembros del Servicio Postal y a quienes trabajan en la aplicación de la ley de inmigración o en la seguridad nacional.
Un grupo de sindicatos que representan a los trabajadores federales había demandado a la OPM por el programa, alegando que faltaba “información básica” en la propuesta y que esta violaba la ley federal, además de poner en duda que el Congreso tenga los fondos necesarios para hacer el pago.
Los actuales presupuestos federales expiran de hecho en marzo, según la ley firmada el pasado de diciembre por el anterior mandatario, el demócrata Joe Biden (2021-2025), que los extendió hasta entonces.
La decisión de O’Toole se produce un día después de que Trump firmara una orden ejecutiva para reducir “significativamente” la plantilla de la Administración pública y otorgar más poder al nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), que está bajo la supervisión de Elon Musk y se encarga de recortar el gasto público.