Ciudad de México, 9 sep (EFE).- A un año del estallido de la crisis de violencia en Culiacán, capital del estado mexicano de Sinaloa (noroeste), debido a una pugna interna del cartel de Sinaloa, el saldo es trágico: 1.828 homicidios dolosos y 2.390 desapariciones en doce meses marcados por la desesperanza, la angustia colectiva y el temor en los habitantes del estado.
“Hemos vivido un año en el que si hacemos una analogía es como si estuviera lloviendo todos los días”, contó a EFE en entrevista, Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), una ONG que evalúan la problemática social de la violencia y la inseguridad, con criterios objetivos, cuantitativos y cualitativos.
Este pasado domingo, miles de ciudadanos de Culiacán se manifestaron bajo el lema “¡Ya basta!, Queremos paz” en la que criticaron la inactividad del gobierno estatal de Rubén Rocha Moya.
“A veces es intensa la tormenta, otras como una especie de huracán de categoría cinco, y a veces parece que el cielo se despeja, con una lluvia menos intensa, pero, desafortunadamente, no ha dejado de 'llover', de haber eventos violentos semana con semana”, añadió.
Calderón señaló a octubre y noviembre de 2024 (con 182 y 172 homicidios dolosos) y junio de 2025 (con 207) “como los momentos en los cuales hemos tenido los acontecimientos más álgidos y quizás más penosos y trágicos de todo este ciclo”.
Desde septiembre de 2024 existe una pugna interna del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista este año, tras la detención en julio pasado de Ismael 'el Mayo’ Zambada, cofundador de la organización, porque Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, lo entregó a Estados Unidos.
Según cifras del propio CESP, el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos, seguidores de uno y otro respectivamente, ha causado 1.828 muertos en Sinaloa desde que comenzó, el 9 de septiembre de 2024, además de 2.390 desapariciones forzadas.
La violencia trastoca la cotidianidad
Precisamente las cifras del delito de desaparición forzada, dijo Calderón, se traducen en el número de colectivos que han surgido de madres buscando a sus hijos “porque la capacidad gubernamental ha estado rebasada”.
Apuntó que son alrededor de 2.000 denuncias en este año “y suponemos que en este delito en particular puede ser el doble porque muchas familias no confían en la autoridad, pero sí confían en la delincuencia como un elemento de fe para que sus familiares regresen con bien”.
Para el especialista, Sinaloa ha tenido otras crisis parecidas, la primera al inicio de 2008 y que finalizó en 2011 y otra en 2017 que también se derivó de fricciones al interior del grupo criminal dominante (Cártel de Sinaloa).
“Sí como sociedad hemos tenido algo diferente respecto a las anteriores crisis de violencia es que esta ha trastocado nuestra cotidianidad, canceló nuestra vida nocturna y en algunos momentos las actividades escolares y laborales se ha interrumpido”, apuntó.
Calderón consideró que para tener un mejor escenario en el futuro es necesario un mayor presupuesto para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado, policías, ministerios públicos y peritos.
“Tenemos unas instituciones estatal muy débiles para enfrentar problemas y en esta crisis hemos dependido de las corporaciones de seguridad federales (…) si ellos no estuvieran aquí presentes, el problema sería dos o tres veces más grave o más trágico”, finalizó.
En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó este lunes su compromiso para lograr controlar la situación, aunque reconoció que es un trabajo gradual y de esfuerzo continuado.
“Vamos a seguir trabajando, ahí está el gabinete de seguridad cada 15 días, hay elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de Marina, de investigación, hay muchas detenciones y vamos a ir pacificando Sinaloa”, señaló la mandataria.