Nueva York, 7 jun (EFE).- Un tribunal de Nueva York evalúa desde hoy la ley que permite a inmigrantes con residencia permanente en EE.UU. o con permiso de trabajo votar en las elecciones de la ciudad de Nueva York luego de que varios legisladores republicanos denunciaran esa ley como inconstitucional.
La ley fue aprobada por el Concejo de la ciudad en diciembre y refrendada por el alcalde Eric Adms, que juró al cargo el 1 de enero, mes en que entró en vigor la medida, pero más tarde fue impugnada por los republicanos.
El texto legal establece que los nuevos electores podrán elegir a su alcalde, concejales y otros cargos locales, aunque no participarán en las elecciones del estado o las federales.
Previo a que el juez comenzara a escuchar hoy los argumentos de los demandantes, entre ellos el Partido Republicano del estado, y de los defensores de la ley, un grupo de residentes legales defendieron su derecho a votar para elegir a sus representantes.
“La ciudad no nos preguntó a ninguno de nosotros nuestro estatus para estar en la primera línea durante la pandemia”, o para repartir comidas en los hogares o trabajar en la industria de alimentos, dijo la enfermera Hina Naveed, durante la breve conferencia de prensa que realizaron frente al tribunal de Staten Island donde la ley está bajo escrutinio.
Entre los argumentos que plantean en la demanda los republicanos figura que tendrán los mismos derechos y privilegios que un ciudadano al emitir su voto en la ciudad y recuerda que votar es un derecho que la Constitución del estado reserva para los ciudadanos estadounidenses.
Destacan que hay un millón de residentes legales en la ciudad de los que 800.000 podrían votar bajo la nueva ley, mientras que los votantes ciudadanos son 5 millones.
De acuerdo con los planteamientos, los residentes legales podrían componer en el futuro el 15 % o mas del electorado de la ciudad, cifra que alegan es mayor que el margen de victoria en muchas elecciones municipales.
También argumentan que la nueva ley causará un considerable y abrupto cambio en la composición del electorado, lo que obligará a los demandantes a cambiar la forma en que hacen campaña, entre otros señalamientos.
Los inmigrantes, que son defendidos por LatinoJustice PRDE, reclamaron su derecho a dejar escuchar su voz en una ciudad donde viven, trabajan, pagan impuestos y crían a sus hijos.
“Seré una de las primeras en mi familia en poder votar en elecciones municipales, y a través de este voto, mis padres también tendrán voz. Esta legislación está siendo cuestionada y estoy aquí para intervenir y hacer que se escuche mi voz”, afirmó Emili Prado, una de varios recipientes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que hoy defendieron la ley.