Miami, 24 may (EFE).- Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos al que recurrió un mexicano que fue deportado tras haber sido condenado por empuñar un arma en una taquería de Florida dictaminó que la ley federal que prohíbe que los indocumentados porten armas no vulnera la Constitución del país.
Según el fallo publicado en la página web del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta (Georgia), los inmigrantes en situación irregular, como Ignacio Jiménez-Shilon, no están amparados por la Segunda Enmienda de la Constitución, que recoge el derecho a poseer y portar armas.
Jiménez-Shilon, que vivió en Estados Unidos más de 20 años antes de su “reciente deportación”, empuñó un arma un día de 2019 en una taquería de Tampa (suroeste de Forida) estando ebrio, según el fallo emitido por un panel de tres jueces.
Fue detenido y un gran jurado lo acusó de un cargo de posesión de arma por parte de un inmigrante indocumentado, lo que está prohibido por una ley federal.
Sin cuestionar la culpabilidad de Jiménez-Shilon, su defensa buscó que se retirara la acusación alegando que si era condenado se le estaría castigando por una conducta amparada por la Segunda Enmienda constitucional.
Pero el juez del caso rechazó el planteamiento de la defensa y el mexicano fue juzgado, hallado culpable y condenado a un año y un día de prisión, más tres años de libertad vigilada.
La defensa apeló y ahora el tribunal del Undécimo Distrito se ha pronunciado con una defensa de la ley con base en la cual fue condenado Jiménez-Shilon.
“Nada de esto, por supuesto, sugiere que los extranjeros ilegales en Estados Unidos no tengan ningún derecho constitucional”, dicen en el fallo de 17 páginas los jueces Kevin Newsom, Elizabeth Branch y Andrew Brasher.
“Pero de acuerdo con el texto y la historia de la Segunda Enmienda, no disfrutan del derecho a poseer y portar armas. En consecuencia, sostenemos que (la ley federal) pasa el examen constitucional. La prohibición de la ley sobre la posesión de armas de fuego por parte de extranjeros ilegales no ‘infringe’ el derecho que consagra la Segunda Enmienda”, sostuvieron.
En la apelación, Jiménez-Shilon argumentó, en parte, que él “vivió en Estados Unidos durante décadas y por lo tanto estaba entre ‘las personas’ a quienes protege la Segunda Enmienda”.
Tras revisar siglos de historia legal, el tribunal fundamentó su dictamen en un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. de 2008.