Washington, 14 jul (EFE).- El estado de Indiana (EE.UU.) pidió este jueves permiso al Tribunal Supremo del país para poder endurecer el requisito de que las clínicas abortistas tengan que alertar a los padres cuando una menor solicita que se le practique un aborto.
En una carta enviada al Supremo, el fiscal general asistente del estado, Thomas Fisher, pidió que el alto tribunal le permita acelerar la aplicación de una ley ya aprobada pero bloqueda en las cortes desde 2017.
Si el Supremo no concede permiso, la ley bloqueada no entrará en efecto hasta el próximo 25 de julio, cuando la decisión del alto tribunal que revocó la protección legal al aborto sea formalmente comunicada a la corte de apelaciones del distrito legal que incluye Indiana.
“Atrasar la aplicación de la ley sólo evitaría que se aplique una norma diseñada para proteger a menores, familias y a los aún sin nacer”, apuntó Fisher.
También este jueves se conoció que el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, pretende investigar a una doctora por no avisar a las autoridades que practicó un aborto a una niña de 10 años que fue violada en el vecino estado de Ohio.
El caso de esta menor ha cobrado enorme relevancia en el país, dado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo puso como ejemplo de las consecuencias que tiene el fallo del Tribunal Supremo que tumbó el derecho constitucional al aborto.
En una carta fechada el miércoles y filtrada este jueves, el fiscal pidió al gobernador de Indiana, el republicano Eric Holcomb, registros del Departamento de Salud y del Departamento de Servicios Infantiles para determinar si la doctora Caitlin Bernard avisó del aborto a las autoridades en un plazo de tres días.
“Si la doctora Bernard no presentó los informes requeridos a tiempo, ha cometido un delito cuyas consecuencias pueden incluir un enjuiciamiento penal”, dijo en la misiva Rokita, quien es partidario a restringir el acceso al aborto.
Varios estados controlados por republicanos han restringido o prohibido completamente el aborto desde que el Tribunal Supremo tumbó a finales de junio este derecho, vigente en todo el país desde 1973.
La menor de 10 años fue violada en Ohio, estado que restringió el aborto a partir de las seis semanas de gestación sin excepciones como la violación, y acudió a abortar a Indiana, donde de momento se permite la interrupción del embarazo hasta las 22 semanas.