Austin (EE.UU.), 9 dic (EFE).- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció este lunes el inicio de una investigación a gran escala sobre casi un millar de municipios para verificar el cumplimiento de las leyes estatales de transparencia financiera y los límites a los incrementos de impuestos locales.
La revisión se apoya en la nueva ley SB 1851, que prohíbe a los gobiernos municipales aumentar los impuestos por encima del llamado “no-new-revenue rate” —la tasa que impide que el aumento de recaudación se deba al alza del valor de las propiedades— si no han presentado y publicado correctamente sus auditorías y estados financieros. La norma, aprobada este año, otorga a la Fiscalía General facultades adicionales para supervisar el cumplimiento.
Paxton informó que su oficina ya ha solicitado información presupuestaria y auditorías a casi 1.000 ciudades y que el número seguirá creciendo.
El republicano ya había enviado advertencias formales a localidades como La Marque, Odessa, Tom Bean y Whitesboro, a las que acusó de aprobar aumentos tributarios sin cumplir los requisitos de transparencia. Según indicó, esas indagaciones iniciales revelaron fallos recurrentes en distintas partes del estado.
“El objetivo es garantizar que los gobiernos locales no ignoren la ley ni impongan cargas fiscales injustificadas”, afirmó Paxton en un comunicado. Aseguró, además, que muchas ciudades sí cumplen, pero que es necesario verificar de manera generalizada para asegurar que “todos los contribuyentes estén protegidos”.
Este episodio se inserta en una pelea de muchos años en Texas entre el gobierno estatal, dominado por líderes republicanos, y las grandes ciudades, que suelen tener gobiernos locales más moderados o demócratas y dependen fuertemente del impuesto a la propiedad para financiar servicios básicos.
Desde hace más de una década, la Legislatura y el gobernador han impulsado topes a los incrementos de impuestos locales, límites al crecimiento del gasto y mayores requisitos de transparencia, argumentando que los gobiernos municipales “se pasan” con los impuestos y necesitan ser controlados.
En respuesta, alcaldes y concejos municipales han denunciado una erosión de la autonomía local, señalando que estos topes dificultan financiar la Policía, a los bomberos, la infraestructura y el crecimiento urbano en un estado de rápida expansión.
La oposición demócrata ha criticado duramente a Paxton, asegurando que está utilizando la fiscalía para abrir investigaciones y acciones legales alineadas con sus prioridades políticas, dirigidas a ciudades, fiscales locales y distritos escolares, lo que en su opinión supone una “instrumentalización” del poder investigador del Estado.