•Ante cancelación de TPS a nicaragüenses y espera de seis meses a hondureños, la comunidad salvadoreña trabaja para no perder el beneficio migratorio.

Por César Hurtado | [email protected]

Jacksonville, FL.- “Me siento indefenso, sin recursos y  desilusionado del Gobierno”, afirma el nicaragüense Edver Granados, quien reside en los Estados Unidos por más de 20 años.

“Nunca he estado ilegal, gracias a Dios, siempre he seguido la ley, tengo un record limpio y me da coraje que, pese a haber tratado de mantener un perfil bueno, ahora me digan que ya no me necesitan, que me tengo que ir”, dijo a HOLA News este beneficiario del Estatus de Protección Temporal que le fue concedido a Nicaragua tras el paso arrollador del huracán Mitch por la nación centroamericana en 1999.

Exteriores de El Salvador.

Granados, abogado de profesión en su país y conductor de camiones y administrador de una compañía de transportes en Lincolnton, su ciudad de residencia en Carolina del Norte, tiene muchas preguntas para el Gobierno.

“Estoy pagando una casa, automóviles, he pagado impuestos y se deduce de mi salario fondos para mi seguro”, dijo.  “Ahora ¿a quién le reclamo lo que he pagado por los beneficios que ya no veré?”, cuestionó.

Sin embargo, para Granados no todo ha terminado.  “Estoy viendo todas las posibilidades de lograr un estatus diferente con mi empleador, con mis hijos, que son ciudadanos norteamericanos”, explicó el padre de familia, quien aclara que, de no mediar solución, regresará a su país con sus hijos.

Como Granados, otros miles de nicaragüenses protegidos por el TPS, ven con decepción y terror el anuncio del gobierno de Trump hecho público el pasado 6 de noviembre, que solo les concede un año para regularizar su estatus migratorio o abandonar el país hasta el 5 de enero de  2019.

Esperanza… e incertidumbre

Con optimismo, pero a la vez guardando reservas y planificando un plan alternativo, Ana Miriam Carpio, directora ejecutiva de UNISAL, organización que representa a la comunidad salvadoreña, recibe diariamente decenas de llamadas de sus compatriotas preocupados por la próxima fecha de renovación del TPS que vence el 9 de marzo de 2018.

El TPS fue otorgado a los salvadoreños en 2001, durante el gobierno del presidente George W. Bush, después de una serie de terremotos  que debastaron al país a inicios de ese año.

Durante sucesivos gobiernos la renovación de este beneficio se realizó sin problemas.  Sin embargo, con la entrada del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado recomendó su cancelación al considerar que las condiciones que lo originaron ya han sido resueltas.

Carpio, quien asistió al foro ‘Contribuciones de la población TPS salvadoreña a los Estados Unidos de America’, organizado por el gobierno salvadoreño el pasado 3 de noviembre en Washington DC, comentó a HOLA News que las autoridades de su país vienen ejecutando una estrategia integral para abogar por una prórroga del TPS y que en agosto pasado se presentó una solicitud formal de extensión ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el gobierno de El Salvador, eliminar el TPS a sus connacionales ocasionará, en una década, un impacto negativo en el producto bruto interno de EE.UU. por $31.462.109.100, las contribuciones al Seguro Social y Medicare se verán afectadas en $4.83.702.692 y el costo total por falta de personal será de $673.289.135.

“El 95 por ciento de los salvadoreños con TPS estamos involucrados en una actividad productiva.  Trabajamos para compañías, no solo de limpieza y servicios, sino también -como lo demostró un ponente del foro, dando servicios profesionales de alta calificación en empresas estratégicas del gobierno”, añadió Carpio.

Debido a que los receptores de TPS deben renovar sus permisos de trabajo cada 18 meses, “y cada vez deben demostrar buena conducta, no tener problemas de ningun tipo porque pondrían en riesgo su TPS”, Carpio considera que “son las personas más seguras con las que puede contar los Estados Unidos”.

Al respecto Maudia Meléndez, directora de Jesus Ministry, quien había anticipado que “si cae DACA, será más fácil que nos quiten el TPS”, se manifestó optimista en que ello no sucederá. “Esto es un dominó. Ahora vamos a lograr un beneficio para los DACA. Cuando llegue, vamos a ver que también se caerán los obstáculos para aprobar una renovación del TPS, y luego vendrá una Reforma Integral”, vaticinó.

PLAN B

Ante la posibilidad  que muchas familias vean frustradas sus ilusiones de permanecer en el país, la activista asegura que siempre habrá un “plan B, si no funcionaran todas nuestras gestiones”.

“Tenemos dignidad”, dijo “y no vamos a rogar”. Por ello ya alistan gestiones para asegurar asilo a sus connacionales en países como Australia, Polonia, Canadá y “otros en Europa que ya conocen del potencial y la calidad del trabajador salvadoreño y que antes ya nos han abierto las puertas”.

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