Charlotte, NC.- El lunes 12 de mayo de 2025, a las 8:20 a.m., agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Adrian Ojeda-Calvillo, un ciudadano mexicano indocumentado de 42 años, en la intersección de Albemarle Road y Jenkins Drive, a media milla del Charlotte East Language Academy.
La operación se realizó en una acera pública cercana al domicilio del hombre, sin ingresar al terreno escolar. Las autoridades confirmaron que el arresto no fue en el campus educativo, aunque fue visto por quienes estaban en la zona de descenso de estudiantes.
ANTECEDENTES
Según ICE, Ojeda-Calvillo residía ilegalmente en Estados Unidos y tenía un amplio historial criminal.
La agencia detalló que el detenido contaba con condenas previas por delitos violentos, entre ellos violencia doméstica, asalto a una mujer, robo, secuestro y allanamiento. El propio ICE subrayó que el operativo se enfocó en prioridades de seguridad pública y enfatizó que cualquier persona indocumentada localizada por sus agentes puede ser detenida conforme a la ley vigente.
REACCIONES
La noticia generó alarma entre padres, docentes y autoridades escolares. La directora de Charlotte East Language Academy notificó a las familias que ICE había estado cerca de la fila de bajada de estudiantes y reconoció “la preocupación que esto podría generar en la comunidad”.
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) de la escuela publicó en redes sociales que “los estudiantes merecen seguridad y tranquilidad, independientemente de su estatus migratorio” y urgió al distrito escolar a emitir una postura pública clara sobre la acción de ICE.
Varios padres entrevistados expresaron su inquietud. Por ejemplo, Manny Gómez lamentó que, “en plena semana de pruebas estandarizadas”, los estudiantes estuvieran más pendientes del operativo de ICE que de sus exámenes.
Otro padre, Eric McCray, cuestionó la forma en que se realizó el operativo: “hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacer las cosas” y afirmó que la comunidad debería haber sido avisada con antelación. Además, algunas familias inmigrantes señalaron que la presencia de ICE cerca de la escuela podría generar miedo en los alumnos y hasta disuadir la asistencia de los estudiantes al plantel.
POLITICA ESCOLAR
Las autoridades educativas de Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS) reforzaron que no hubo ninguna acción de ICE dentro del campus.
La oficina del distrito indicó que hasta el momento no se ha registrado ningún operativo oficial en la propiedad escolar y recordó que, según sus políticas internas, los agentes federales no pueden ingresar a las escuelas sin una orden judicial válida. En ese sentido, CMS ha instruido a su personal para que coopere con los agentes verificando credenciales y notificando a los padres involucrados, pero sin entorpecer las acciones de ICE.
Miembros del Consejo Escolar coincidieron en que el distrito se encuentra ante un límite legal. Liz Monterrey Duvall, la primera consejera latina en la junta, señaló que el distrito ha explorado todas las opciones políticas posibles, pero que “una y otra vez nos hemos topado con un muro legal. No tenemos autoridad para anular leyes estatales o federales”.
En la misma línea, la consejera Melissa Easley expresó públicamente que las políticas de CMS no pueden contravenir la legislación federal, de modo que la escuela solo puede impedir la entrada de agentes migratorios si éstos no cuentan con orden judicial.
COMUNICADO
ICE aprovechó la ocasión para desmentir versiones erróneas que circularon tras el operativo. La agencia urgió a evitar “rumores o información falsa que provoque pánico innecesario en la comunidad migrante”, advirtiendo que las narrativas basadas en el miedo solo “perturban a las comunidades” y dificultan las labores de seguridad.
En su comunicado, ICE enfatizó que su prioridad son las amenazas a la seguridad pública y nacional, pero recordó que, conforme a la ley, cualquier persona presente ilegalmente en el país puede ser detenida si es interceptada por sus agentes.
Este incidente se da en medio de un aumento de las redadas migratorias ordenadas por la administración federal. Según datos oficiales, hasta abril de 2025 habían sido deportadas más de 139,000 personas desde el inicio de la gestión de Donald Trump.