Washington, 8 jun (EFE). El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó este miércoles que los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden ser demandados ante los tribunales federales por daños y perjuicios en casos de supuestas violaciones constitucionales.
En una decisión que contó con el apoyo de seis de los nueve magistrados del Supremo, los jueces citaron sus preocupaciones porque una mayor exposición de los agentes a las demandas pueda afectar negativamente la seguridad nacional.
El fallo se refiere al caso de Robert Boule, un canadiense que es dueño y gerente de Smuggler’s Inn, una posada junto a la frontera de Canadá, en Blaine (Washington).
La localidad tiene fama de albergar actividades criminales a ambos lados de la frontera, y la posada, supuestamente, atrae a traficantes de drogas y personas que buscan cruzar el límite de manera ilegal.
En 2014, Erik Egbert, un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, se aproximó a Boule en la localidad y le hizo preguntas acerca de huéspedes en su posada.
Boule informó al agente acerca de un huésped que había volado de Turquía a Nueva York el día anterior y estaba en una vuelo al estado de Washington para trasladarse después en automóvil a la posada.
Egbert siguió al vehículo que transportaba al huésped hasta la entrada de la posada e intentó conversar con él. Boule intervino y pidió al agente de la Patrulla Fronteriza que saliera de su propiedad.
Según los documentos del caso, Egbert empujó a Boule dos veces y éste cayó al suelo.
Boule se quejó a los supervisores de Egbert tras lo cual, se alega, el agente se puso en contacto con el Servicio de Impuestos Internos y otras agencias estatales, lo cual condujo a una auditoría impositiva e investigaciones de las actividades de Boule.
El posadero inició una demanda en un tribunal federal alegando que Egbert había emprendido represalias por su queja acerca del comportamiento del agente en violación de la Primera Enmienda de la Constitución y por uso excesivo de la fuerza en violación de la Cuarta Enmienda.