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SIP advierte sobre “marcada radicalización” de la extrema derecha en Brasil

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Miami, 25 abr (EFE).- “A partir de octubre se produjo una marcada radicalización de los partidarios de extrema derecha” en Brasil y “muchos periodistas fueron acosados y agredidos”, según el informe de mitad de año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) divulgado este martes.

El informe, pendiente de aprobación, cita que “en protesta por los resultados de las elecciones” de octubre, en las que el progresista Luiz Inácio Lula da Silva venció al líder la ultraderecha Jair Bolsonaro, que buscaba la reelección, simpatizantes del candidato derrotado acamparon frente a los cuarteles militares.

Con el propósito de “pedir una intervención e impedir la investidura” de Lula, recordó la entidad, los bolsonaristas también atacaron a periodistas y medios y “las agresiones se radicalizaron el 8 de enero, cuando miles de personas invadieron y depredaron la sede de los tres poderes”.

Entre el 30 de octubre, día de la segunda vuelta electoral, y el 1 de enero, cuando Lula tomó posesión del cargo, se han registrado setenta incidentes con medios y periodistas en 19 de los 27 estados del país, con “agresiones, acosos y amenazas”, indica la SIP.

Las agresiones y amenazas se presentaron en toda la extensa geografía brasileña, desde Río Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay, hasta Ceará, en el noreste del país.

Durante los actos antidemocráticos del 8 de enero y en los tres días posteriores con los operativos policiales que se derivaron se registraron 45 casos de “agresiones físicas, amenazas, confiscación de material de trabajo, robos y ofensas en un intento de impedir que los hechos fueran grabados y difundidos por la prensa”, señala el informe.

“Con promesas de apaciguamiento y respeto a la prensa” el Gobierno de Lula asumió el poder y se “normalizó el acceso de los reporteros a las áreas gubernamentales”, subrayó la SIP.

No obstante, la SIP considera que el Ejecutivo “ha dado muestras de intentar intervenir en los contenidos potencialmente delictivos que circulan por las redes sociales”.

Después de los actos antidemocráticos del 8 de enero, en el que fueron detenidas 2.151 personas y permanecen en prisión unas 300, los tres poderes “están discutiendo modelos y leyes para reducir la polarización y el extremismo, con la intención de controlar el discurso de odio y los contenidos que amenacen a la democracia”.

La Asociación Nacional de Periódicos (ANJ, por su sigla en portugués) responsabiliza a las plataformas de internet “solo después de que haya una notificación de contenido criminal o cuando se trata de contenido patrocinado”.

El organismo, recoge la SIP, “también ha defendido que se ponga fin a las cuentas anónimas o falsas en las redes y, sobre todo, que las plataformas digitales revaloricen los contenidos periodísticos y remuneren a los medios”.

El reporte concluye recordando que en este periodo de radicalización por parte de la extrema derecha “también se produjeron casos de acoso y censura judicial” y citó decisiones de judiciales que atentaron contra la libertad de expresión.

La condena por “daños morales” al diario Folha de S. Paulo y al reportero Fabiano Maisonnave por un artículo de “información veraz” sobre la tala ilegal en el estado de Mato Grosso y la retirada de un reportaje de Gazeta do Povo sobre los nexos de Lula con el presidente nicaragüense Daniel Ortega fueron citados como ejemplos.

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