Miami, 10 jun (EFE).- Los sindicatos laborales de Florida pidieron este martes retirar todos los cargos contra el líder sindical David Huerta, liberado bajo fianza la noche del lunes tras su arresto el pasado viernes mientras documentaba una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Los Ángeles.
“Exigimos que se retiren todos los cargos injustos contra David Huerta y la liberación de todos los demás detenidos. Exigimos el fin de estas redadas agresivas e injustas del ICE”, expresaron en un comunicado los sindicatos floridanos.
Huerta es el presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) de California, y fue puesto en libertad bajo fianza el lunes tras ser arrestado el pasado viernes cuando respondió a una redada migratoria en un empresa del centro de Los Ángeles.
Estos operativos, a cargo de los agentes del ICE, se han incrementado exponencialmente desde la llegada al poder del presidente Donald Trump el pasado enero.
En este sentido, los sindicatos de Florida destacaron en su comunicado que “los trabajadores inmigrantes son esenciales” para la economía, y aseguraron que las redadas no abordan asuntos de relevancia como “el aumento de la inflación, la vivienda inasequible ni los ataques a Medicare y a las familias trabajadoras”.
“El arresto de un líder sindical por alzar la voz y la detención de trabajadores inmigrantes durante operativos militarizados de ICE contradicen los valores de libertad e independencia que sustentan este país”, agregó la nota.
El llamado de los sindicatos se produce en un momento de gran tensión en Los Ángeles, donde el pasado viernes estallaron masivas protestas contra las redadas contra migrantes indocumentados ordenadas por Trump.
En respuesta a las protestas, el Gobierno federal ha ordenado el despliegue de más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional, una fuerza de reserva de las Fuerzas Armadas que se activa para misiones especiales, pese a la negativa del gobernador de California, Gavin Newsom.
Esta fue la primera en 60 años que fueron desplegadas sin la autorización previa del gobernador del estado en cuestión.