El Parlamento de Nicaragua permitirá a Ortega seguir gobernando sin contrapesos

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NICARAGUA PARLAMENTO

Managua, 9 ene (EFE).- La nueva Asamblea Nacional de Nicaragua, favorable al reelegido presidente Daniel Ortega, instaló este domingo su período legislativo de cinco años, en el que el oficialismo y sus aliados conservan una abrumadora mayoría que le permitirá al líder sandinista gobernar sin contrapesos, en medio de cuestionamientos a su legitimidad.

La nueva composición de la Asamblea Nacional, que en la legislatura 2017-2022 también fue de mayoría oficialista, le permitirá a Ortega gobernar hasta el fin de su gestión sin mayor oposición desde el Parlamento.

Ortega asumirá el lunes su quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) arrasó en las elecciones presidenciales y legislativas del pasado 7 de noviembre, que estuvieron marcadas por la detención de siete posibles candidatos presidenciales de la oposición que se perfilaban como los principales contendientes de Ortega y por la eliminación de tres partidos políticos.

OCHO DE CADA 10 DIPUTADOS SON DE ALIANZA FSLN

El grupo parlamentario sandinista suma 75 de los 91 escaños de la nueva Asamblea Nacional, un 82,4 % del total, con lo que pueden aprobar reformas a la Constitución y leyes ordinarias de forma unilateral.

En el período legislativo anterior los sandinistas y sus aliados contaron con 71 diputados, lo que les permitió también legislar sin contrapesos.

Los 90 diputados electos en los controvertidos comicios, más el segundo candidato presidencial más votado, tomaron posesión este domingo en la Asamblea Nacional para el período 2022-2027, durante una sesión solemne que fue presidida por el pleno de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).

La presidenta del CSE, la sandinista Brenda Rocha, juramentó, tomó la promesa de Ley y entregó las credenciales a los diputados.

“Declaro solemnemente instalada esta Asamblea Nacional”, dijo la magistrada Rocha para cerrar esa parte del acto.

Posteriormente los legisladores eligieron por unanimidad al diputado sandinista Gustavo Porras como presidente de la Junta Directiva del Parlamento, cargo que ocupó en el período anterior.

Porras se encuentra sancionado por Estados Unidos y Canadá por promulgar “leyes represivas” en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

La Junta Directiva del Congreso, que fue elegida para un período de dos años, estará también controlada por los sandinistas y sus aliados. Convocó para el lunes la ceremonia de investidura de Ortega y Murillo.

AÚN NO CONFIRMAN PRESENCIA DE JEFES DE ESTADOS

El Gobierno de Managua ha informado que a los actos de toma de posesión han confirmado su presencia delegaciones de Argentina, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, China, Corea del Norte, Irán, México, Palestina, Rusia, Siria, Turquía, Venezuela y Vietnam.

Además, acudirán representantes de los Gobiernos de Angola, Belice, Cambodia, Egipto, Honduras, India, Laos, Malasia, República Árabe Saharaui Democrática, y Yemen, de acuerdo con la información.

Hasta ahora las autoridades no han informado qué jefes de Estado y de Gobierno acompañarán a Ortega y Murillo en la toma de posesión, que se celebrará en la Plaza de la Revolución, en Managua.

Diversas organizaciones opositoras han convocado una jornada de protesta en varios países bajo el lema “Nicaragua no tiene Gobierno ni poderes legítimos del Estado”.

Ortega se encuentra en el poder desde el 2007 tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.

Se impuso en noviembre pasado en unas elecciones en las que no participaron sus rivales políticos porque, en los meses anteriores, las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de 40 dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, incluida la independiente Cristiana Chamorro, la favorita, según las encuestas.

El líder sandinista, cuyo nuevo mandato no ha sido reconocido por el grueso de la comunidad internacional, podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y en la América Latina actual.

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