Miami, 26 sep (EFE).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) pidieron este viernes a una corte estadounidense liberar y evitar la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien suma más de 100 días detenido tras cubrir protestas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Estas asociaciones presentaron un amicus curiae, recurso legal para respaldar a Guevara, ante la Corte del Distrito Sur de Georgia, donde afronta una deportación inminente, que solo la orden de un tribunal federal podría detener, lo que ha alarmado a organizaciones a favor de la libertad de prensa.
“Para ponerlo llanamente, a los agentes de seguridad les disgustaba el reporteo de Guevara sobre su conducta, así que lo detuvieron. A pesar de una orden de un juez migratorio para liberarlo bajo fianza, el Gobierno ha buscado mantenerlo detenido”, expone el documento judicial.
El comunicador quedó detenido el 14 de junio, cuando cubría en el estado de Georgia una protesta del movimiento ‘No Kings’ contra Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a que estaba identificado como periodista cuando transmitía para su canal MG News, popular entre hispanos de la zona de Atlanta.
Aunque las autoridades desestimaron los cargos menores de los que estaba acusado, el caso de deportación sigue activo pese a que vive en Estados Unidos desde 2004 y tiene hijos que son ciudadanos estadounidenses.
Esto tiene “profundas implicaciones” para los periodistas y habitantes en Estados Unidos, argumentaron las asociaciones, a las que se suman Free Press, The Freedom of the Press Foundation, y PEN America, todas ellas con labor por la libertad de prensa.
“La detención y posible deportación del amado periodista Mario Guevara es tan legalmente injusta como una señal del proyecto de censura de la Administración Trump para castigar la libertad de expresión y disenso”, expresó Nora Benavidez, directora de justicia digital de Free Press, en un pronunciamiento.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) falló en contra del periodista salvadoreño, quien tiene un canal con más de 700.000 seguidores en el que reporta sobre migración, al reabrir su proceso de deportación que estaba suspendido desde 2012, cuando perdió un caso de asilo.
Pero el hecho representa “un error judicial y un crudo intento para silenciar una voz vital en el reporteo sobre inmigración”, consideró ahora Katherine Jacobsen, coordinadora del CPJ para Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
“El argumento del Gobierno, que Guevara representa un peligro por su transmisión en vivo de actividad de los agentes de la ley, crea un dañino marco para ir detrás de otros periodistas, así como de cualquier otro individuo que transmita en vivo”, argumentó Jacobsen.