Base Naval de Guantánamo (Cuba), 8 nov (EFE).- Sobre una alfombra roja y blanca, vestido con una túnica blanca, pañuelo palestino y gafas, el autoproclamado “cerebro” de los atentados del 11-S, Khalid Sheij Mohamed, reza en Guantánamo. Lo hizo antes de que este miércoles comenzara una nueva audiencia previa a su eventual juicio.
Compareció ante la comisión militar poco antes de las 08.30 (13.15 GMT), con media hora de antelación al inicio de esa vista, la número 48 desde que le leyeron los cargos en 2012 y que como las anteriores durará varias semanas, en esta ocasión hasta el 17 de noviembre.
Con su prominente barba rojiza bajo la mascarilla, el conocido como KSM, paquistaní de 58 años, ocupó la primera fila de esa sala ubicada en el Campamento Justicia de la base naval que Estados Unidos tiene en territorio cubano.
Le acompañaron, colocados por detrás por orden de importancia, otros tres acusados: el yemení Walid bin Attash, el kuwaití Ammar al-Baluchi, sobrino de KSM, y el saudí Mustafa al Hawsawi. Las esposas atadas al suelo para encadenarles el tobillo no se utilizaron.
Un quinto imputado, el yemení Ramzi bin al-Shibh, cuyos cargos también podrían suponerle la pena de muerte, fue apartado del caso en septiembre porque los efectos de las “técnicas de interrogatorio mejoradas” de la CIA, que incluyeron ahogamientos simulados y privación del sueño, han hecho que no esté en capacidad de afrontar el eventual juicio, que sigue sin fecha.
Los respectivos equipos de defensa están integrados por abogados civiles y militares y la comisión ante la que se presentaron es un sistema específico creado para juzgar a los “enemigos” de EE.UU. que el país llevó a Guantánamo en la llamada “guerra” contra el terror lanzada por el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009) tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, en los que hubo casi 3.000 muertos.
Treinta de los 779 prisioneros que hubo en total siguen allí, incluidos esos cinco, que llegaron en 2006. Algunos ni siquiera han sido acusados todavía.
Audiencias públicas
A estas audiencias pueden acudir periodistas, representantes de ONG y familiares de las víctimas, que llegan a la isla en un vuelo fletado por el Pentágono.
Separados por un cristal y ubicados al final de la sala, ese último grupo recibe el sonido de lo que ocurre con 40 segundos de retraso, para poder cortar la retransmisión en caso de que la información así lo requiera, como sucedió este miércoles dos veces.
La sesión de hoy buscaba determinar si las declaraciones que esos presos dieron al FBI tras su llegada a Guantánamo se vieron comprometidas por la tortura recibida en los centros de detención clandestinos en los que la CIA los retuvo antes de ese traslado, y también la colaboración entre ambas agencias.
Habló de forma telemática la exagente del FBI Abigail Perkins, que interrogó en el pasado a dos de los acusados y ofreció su testimonio por tercera vez en lo que va de procedimiento.
Por orden de la dirección del FBI, aseguró, ella y sus compañeros no tuvieron acceso al tratamiento que habían recibido esos presos, pero sí a la información obtenida por la CIA en sus interrogatorios.
Y cuando estos estuvieron en manos exclusivas de la CIA, orientaron a ese cuerpo en las preguntas a efectuar, pero Perkins dijo no saber dónde estaban en ese momento esos rehenes ni si colaboraron de forma voluntaria en las respuestas.
Reclamaciones sobre el procedimiento
El comienzo de la vista, no obstante, comenzó con cuestiones más mundanas después de que los abogaron presentaran sus sospechas de que los micrófonos de las mesas no solo servían para hacerse oír, sino también para grabar lo que dicen en todo momento.
“Es un tema importante porque no queremos que se escuchen nuestras conversaciones”, alegó el abogado de origen colombiano Walter Ruiz, representante de Al Hawsawi.
Esa interrupción, solucionada después de que la Fiscalía lo negara, fue uno de los muchos ejemplos que han contribuido al lento avance del caso, parado durante la pandemia y sujeto a las restricciones propias de un proceso que navega entre miles de páginas de información clasificada.
KSM y los otros acusados tienen derecho a no acudir a estas vistas, pero según recordó este miércoles el juez, el coronel Matthew McCall, esa ausencia voluntaria puede afectar a la presentación del caso.
El coordinador de los equipos de defensa de toda la base naval, el general de brigada Jackie Thompson, explica a los medios que si no se negocia y acepta un acuerdo de culpabilidad estas audiencias podrían prolongarse años, el juicio en sí un mínimo de 18 meses y el periodo de apelaciones una década o más.
Mientras, según advierten los abogados defensores, la salud de sus clientes está ya dañada y va en declive.
“Nunca he representado a alguien que haya sido tratado tan mal por el gobierno. (…) El caso del 11-S fue único desde el principio simplemente por la magnitud de los crímenes involucrados, pero no debe haber excepciones a la regla de que no podemos usar la tortura como método de lucha contra el terrorismo”, destaca a EFE el abogado David Bruck, que trabaja para el preso apartado.