Respuestas a nueva Orden Ejecutiva en Carolina del Norte

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Muchos residentes en Carolina del Norte tienen preguntas sobre la nueva Orden Ejecutiva número 142 firmada el 30 de mayo por el gobernador Roy Cooper, donde implementa una moratoria sobre desalojos y prohíbe los cortes de los servicios públicos y tarifas atrasadas.

La orden proporciona alivio a los residentes del estado que se perjudicaron financieramente por el COVID-19 y ayuda a frenar la propagación del mismo previniendo la falta de vivienda por desalojo y asegurando que las personas tengan acceso a los servicios públicos esenciales, como lo es el agua y electricidad y otros.

La Orden también brinda protección a las empresas en dificultades proveyendo prevención de desalojos de instalaciones comerciales.

¿Qué hace la Orden Ejecutiva No. 142?

La Orden Ejecutiva No. 142 establece una moratoria sobre los desalojos de viviendas e inquilinos comerciales y proporciona alivio a las personas que no pueden pagar sus facturas de servicios públicos durante la pandemia de COVID-19.

La moratoria de desalojo de la Orden:

• Es efectivo de inmediato y dura 3 semanas;

• Evita que los propietarios residenciales inicien o promuevan los procedimientos de desalojo contra un inquilino residencial por falta de pago o retraso en el pago del alquiler;

• Evita que los propietarios comerciales utilicen o inicien procedimientos de desalojo de “autoayuda” o cancelen contrato de arrendamiento para sus inquilinos comerciales, si la base legal para la terminación es por un pago atrasado o falta de pago del alquiler que fue causado por la pandemia de COVID19;

• Evita que los propietarios residenciales y comerciales evalúen los cargos por pagos atrasados,

intereses u otras sanciones por demora o falta de pago;

• Evita la acumulación de intereses adicionales, tarifas u otras multas por

cargos durante el período efectivo de la orden;

• Requiere que los propietarios residenciales y comerciales den a los inquilinos seis meses después de finalizada la orden ejecutiva, para pagar el alquiler pendiente que venció durante el

período efectivo de la orden;

• Declara explícitamente que los inquilinos residenciales y comerciales siguen siendo responsables por pagar su renta; y

• Deja en claro que los desalojos por otras razones que no sean pagos atrasados ​​o falta de pago, tales como desalojos relacionados con la salud y la seguridad, pueden tomar lugar.

La moratoria de cierre de servicios de la Orden:

• Continúa vigente de inmediato y dura 60 días;

• Prohíbe las desconexiones de servicios públicos para todos los clientes;

• Prohíbe la facturación o el cobro de cargos por demora, multas y otros cargos por

falta de pago;

• Continúa estableciendo que una vez que finalice la orden ejecutiva, los servicios públicos deben dar a los clientes el tener la oportunidad de establecer un plan de pago para los cargos que se vencen durante el período de vigencia de la orden, y establece el plazo predeterminado de seis meses para los casos en que servicios públicos y el cliente no pueden ponerse de acuerdo sobre los términos de un Plan de pago; y 

•Establece explícitamente que los clientes son en última instancia responsables del costo de

los servicios públicos usados.

¿Por qué se necesitan estas protecciones para el consumidor?

Los norcarolinianos se enfrentan a una pérdida significativa de empleos y la falta de salarios como resultado de COVID-19. Los trabajos pueden regresar lentamente, manteniendo a los norcarolinianos bajo una tensión financiera a medida que más empresas vuelven a abrir. De hecho, según un reciente estudio de Universidad de Chicago, el 42% de los empleos perdidos por el coronavirus no se espera que abran nuevamente.

Los norcarolinianos necesitan un hogar y acceso a los servicios públicos para mantenerse seguros. En la Fase 2, Norte Carolina está bajo un aviso de “Más seguro en casa”. Los desalojos están vinculados a un gran aumento en riesgo de quedarse sin hogar. Según los CDC, las personas que no tienen vivienda/sin hogar están en riesgo de infección por COVID-19. Para practicar una higiene adecuada y mitigar el riesgo de adquirir y difundir COVID-19, los norcarolinianos necesitan acceso al agua corriente. El acceso a otros servicios públicos ayuda a las personas a permanecer seguras en el hogar y mantenerse informado sobre las últimas noticias e información relacionada con la pandemia de COVID-19.

¿Esto significa que no tengo que pagar mis facturas de alquiler y servicios públicos?

No. Todos los clientes siguen siendo responsables de pagar sus facturas de servicios públicos, y todos los inquilinos siguen siendo responsable de pagar su renta.

¿Cuánto tiempo tendré que pagar el alquiler vencido y las facturas de servicios públicos?

La orden requiere que los propietarios le den a los inquilinos 6 meses para pagar el alquiler vencido que vence mientras la orden ejecutiva está vigente. Las empresas de servicios públicos deben dar sus clientes al menos 6 meses para pagar facturas de servicios vencidas que vencen a partir de marzo 31 de 2020 al 29 de julio de 2020.

¿Cuánto durará este pedido?

La sección de desalojos de esta orden estará vigente durante 3 semanas, mientras que la de servicios públicos como luz, agua su cierre estará vigente por 60 días adicionales, hasta el 29 de julio de 2020. Al momento de la firma de esta orden, la orden es efectiva de inmediato y modifica la Orden Ejecutiva No. 124.

¿Cómo interactúa esto con la orden relacionada de desalojos de la Presidenta de Justicia Beasley?

La Orden ejecutiva No. 124 evita que los propietarios comiencen los procedimientos de desalojo, mientras que la orden de la Presidenta del Tribunal Supremo detiene las órdenes de desalojo y prohíbe a la policía local llevar a cabo desalojos.

¿Esta orden ejecutiva afecta los desalojos residenciales y comerciales?

Si. Tanto los propietarios residenciales como los comerciales deben cumplir con la orden.

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