Washington, 15 ago (EFE).- A Fani Willis no le tembló la voz cuando anunció el lunes por la noche la cuarta imputación contra el expresidente Donald Trump (2017-2021), acusado esta vez de haber intentado manipular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.
“Es importante recordar que todas las personas imputadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, expresó Willis con voz firme, alzándose con seguridad sobre un podio y frente a decenas de periodistas.
Fue mencionando uno a uno los nombres de 19 imputados en el caso, empezando por el expresidente al que se refirió por su nombre completo -Donald John Trump- y al que identificó como el cabecilla de una organización delictiva que conspiró para manipular los resultados electorales en Georgia.
Willis se ha convertido en el rostro más conocido del caso en Georgia, manteniendo un perfil público elevado con múltiples comparecencias ante la prensa que no han estado exentas de críticas.
El propio Trump, quien parte como favorito para obtener la candidatura republicana en las elecciones de 2024, ha utilizado su plataforma en Truth Social para atacar personalmente a Willis y cuestionar su investigación, alegando que está políticamente motivada.
Pese a esas críticas, Willis no ha cedido ante la presión, enfatizando que la transparencia es un pilar fundamental de su trabajo y reafirmando que todos los estadounidenses son iguales ante la ley, sin importar su estatus o identidad.
“La dama de la justicia es ciega”, afirmó Willis el año pasado en una entrevista en MSNBC, rechazando la noción de que funcionarios de alto rango, incluidos expresidentes, estén exentos de rendir cuentas.
Willis se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida como fiscal del distrito del condado de Fulton, que abarca Atlanta, solo meses después de que el demócrata y actual presidente Joe Biden venciera a Trump en Georgia por un estrecho margen de votos.
La fiscal inició la investigación contra Trump después de que el diario The Washington Post revelara en enero de 2021 que el expresidente había presionado al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para revertir los resultados en ese estado.
Raffensperger, quien tiene la responsabilidad de certificar los resultados electorales como secretario de Estado, reveló que Trump le instó a “encontrar” los votos necesarios para anular la victoria de Biden en el estado.
Con el paso del tiempo, el caso de Willis se ha ampliado para incluir otros intentos de Trump para interferir en el proceso electoral, incluyendo intentos de sus abogados para robar datos electorales de un condado rural de Georgia.
Uno de los aspectos que distingue el caso de Willis de las otras tres causas penales contra Trump es su alcance: la fiscal ha usado para imputar a Trump una ley especial contra el crimen organizado, llamada RICO por sus siglas en inglés, y puesta en marcha inicialmente para combatir a la mafia.
Con esa ley, Willis ha logrado entrelazar los delitos cometidos por Trump y sus aliados, amalgamándolos en una narrativa única en la que el expresidente emerge como el líder de una organización con una finalidad criminal compartida.
Willis, de 51 años, es reconocida por su inclinación a emplear la legislación RICO para enjuiciar casos criminales de gran magnitud.
De hecho, en la actualidad, está utilizando dicha normativa para un caso relacionado con pandillas que involucra al rapero Young Thug, galardonado con un Grammy y una de las figuras preeminentes del hip-hop en Estados Unidos.
A lo largo de su carrera de dos décadas, Willis ha manejado numerosos casos de gran relevancia y se la conoce como una de las “mejores fiscales de asesinatos de todo el país”.
En círculos judiciales, es conocida por su habilidad para establecer conexiones con los miembros del jurado, los testigos y los detectives, así como por su firmeza para enfrentarse a quienes cree que están obstaculizando un caso, recoge el diario The Washington Post.
Willis ha manifestado su compromiso de tratar a Trump como cualquier otro acusado, en virtud de su firme creencia en la igualdad de todos ante la ley. Sin embargo, ha advertido de que rara vez falla y que los casos que persigue suelen culminar en condenas.
“Me niego a aceptar el fracaso”, expresó en una entrevista con el diario The Wall Street Journal en junio.